El Gobierno español, los sindicatos y la patronal concluyeron con "avances" la reunión que mantuvieron el miércoles para tratar de consensuar una reforma laboral, y mantendrán en los próximos días una nueva sesión de trabajo, a falta de escasos días para que acabe el plazo de negociación.

"La reunión ha permitido avances en algunas de las materias que están siendo objeto de negociación", indicaron en la noche del miércoles en un comunicado conjunto el Ministerio de Trabajo, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, y la patronal CEOE.

El Gobierno y los agentes sociales acordaron mantener contactos permanentes de cara a una futura sesión de trabajo "que tendrá lugar en los próximos días".

"Se ha acordado continuar el proceso con el objeto de aproximar posiciones y alcanzar un acuerdo sobre las reformas del mercado laboral", indicó el comunicado.

El miércoles el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 16 de junio el decreto para la reforma laboral, independientemente de que se haya llegado a un acuerdo en el marco del Diálogo Social.

Después de meses de infructuosas negociaciones, el Gobierno se incorporó el pasado sábado a la mesa de diálogo de los agentes sociales para intentar acelerar un acuerdo para una de las reformas más solicitadas por economistas e instituciones internacionales en un país con cuatro millones de parados y una tasa de desempleo de más del 20 por ciento.

Zapatero indicó que, en caso de no haber consenso, el Gobierno ya tiene perfilado el contenido de las modificaciones que introduciría en el mercado de trabajo, que dijo afectarían a "aspectos esenciales" sin precisarlas.

GENERALIZACIÓN DEL DESPIDO DE 33 DÍAS

Según informó el miércoles Radio Nacional de España, que dijo haber tenido acceso a la propuesta del Gobierno, la "estrella" de la misma será la ampliación del contrato de fomento, que tiene una indemnización por despido de 33 días y hasta ahora se aplica a jóvenes y parados de larga duración.

Otro punto polémico que añadiría el proyecto del Gobierno, según RNE, concierne a las razones del despido procedente, ya que al empresario "le bastará con justificar una mala situación económica en su empresa para prescindir de personal de manera justificada".

Una de las reclamaciones de los sindicatos, la reducción de la temporalidad, sería atendida en la propuesta, limitando el contrato por obra a un máximo de dos años y aumentando la indemnización por despido en las subcontratas para desincentivar su uso.

RNE añadió que el decreto incluirá el conocido como modelo austríaco (un fondo sufragado por las aportaciones de las empresas que pagará parte del despido), el modelo alemán de reducción de jornada, un plan de empleo juvenil, la revisión del programa de bonificaciones y la posibilidad de que las ETTs (Empresas de Trabajo Temporal) operen en sectores que hasta ahora tenían vetados.