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Agua para los derechos humanos

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Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, se estima 783 millones de personas carecen de acceso al agua y 2.500 millones no disponen de saneamiento básico. Hay un acuerdo generalizado relativo al enorme déficit existente en el acceso al agua y saneamiento y las estrechas relaciones del agua con el desarrollo en múltiples facetas: pobreza, medio ambiente, salud, género o alimentación, por citar algunas.

Además, una gestión adecuada del agua, su acceso suficiente y saludable garantizado son instrumentos eficaces para la construcción de la paz. Por el contrario, no disponer del recurso en cantidad y calidad suficientes para una vida digna, se convierte en catalizador de pobreza e inestabilidad social y de degradación medioambiental, que pueden derivar en relaciones generadoras de conflicto entre individuos o entre colectividades.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2013 como Año Internacional de la Cooperación en Agua. Por ello, en la celebración del Día Mundial del Agua, desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España queremos hacer visible la importancia del agua sobre multitud de aspectos del desarrollo humano y sostenible, y resaltar que el derecho humano al agua se encuentra estrechamente relacionado con otros derechos humanos.

La cooperación en agua constituye una herramienta clave para que todas las personas vean reconocido su derecho humano al agua y otros derechos relacionados, como el derecho a la alimentación. Retos como el aumento de la demanda de agua para fines agrícolas, el freno al deterioro de la calidad del agua o el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos hídricos deben afrontarse mediante la cooperación, de forma conjunta, para hacer viable el reconocimiento universal de los derechos.

El cambio climático está alterando el ciclo hidrológico. De hecho ya estamos siendo testigos de cambios en la cantidad e intensidad de las precipitaciones, del flujo de agua en las cuencas hidrográficas, así como la calidad de los medios acuáticos y marinos, lo que se traduce en la disminución de la disponibilidad y la calidad del agua, su accesibilidad y asequibilidad para las personas, condiciones indispensables para hacer efectivo el derecho humano al agua. Estos cambios afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables del planeta que habitan en las regiones áridas, las zonas costeras, las ciudades, los estuarios y deltas, las cuencas hidrográficas, montañas e islas pequeñas, y suponen un obstáculo para la erradicación de la pobreza.

No se puede hablar de garantía del derecho a la salud sin el agua. La falta de acceso al agua en condiciones adecuadas provoca 2 millones de muertes al año por enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento: más de 5.000 muertes al día, en su mayoría niñas y niños.

Si no se dispone de una cantidad de agua suficiente en hogares y centros de salud, no se puede asegurar la correcta eliminación de excretas y prácticas seguras de higiene, lo que conlleva un

grave problema de salud pública. Especialmente relevante es la calidad del agua, cuya deficiencia es una gran amenaza para la salud humana.

El agua es la base del desarrollo socioeconómico y ha marcado históricamente la cultura de los diferentes pueblos en torno a su relación con este recurso, tanto en las economías agrícolas, ganaderas o en las diferentes industrias (desde rudimentarios molinos harineros a la revolución industrial), conformando la sociedad que nos rodea. En contextos de escasez como el Sahel, la falta de acceso lastra este desarrollo ya que un tercio de los ingresos de las economías domésticas se destinan a la compra de agua, y condiciona la producción a la estacionalidad, a diferencia de medios de vida resilientes donde la irrigación es posible.

La infancia es el sector de la población más vulnerable a la falta de acceso a agua potable y saneamiento básico.

La ausencia de estos servicios (y el consecuente incumplimiento del derecho humano a los mismos) provocan deterioro en su calidad de vida, aumentando las probabilidades de desnutrición, morbilidad y mortalidad infantil. Estos problemas de salud afectan negativamente sus capacidades cognitivas, derivando en fracaso escolar, y de manera general su desarrollo integral como persona y sus opciones de futuro.

Según la OMS, la diarrea es la segunda causa de mortalidad infantil en menores de 5 años y el 88% de los casos se deben a deficiencias en materia de acceso al agua, saneamiento e higiene.

Los Estados están comprometidos a velar por que la infancia cuente con un ambiente saludable, incluyendo el acceso a agua potable y saneamiento básico. El cumplimiento de este compromiso tendría efectos notables en términos de desarrollo humano, reduciendo la mortalidad infantil en un 21%. Y el solo acto de lavarse las manos en momentos críticos puede reducir los casos de diarrea en un 35%1.

El agua es un derecho humano inherente a todas las personas sin discriminación alguna. Sin embargo, los roles y estereotipos asignados en base a una construcción de género, han determinado que el acceso al poder y a los recursos sea desigual y que los hombres tengan más capacidad de acceder y hacer valer sus derechos sobre el agua.

Dados los roles asignados a las mujeres, estas desempeñan un rol crucial en el suministro, gestión y protección del agua, para poder garantizar el abastecimiento y el cuidado familiar. Como usuarias, son las mujeres pobres las que enfrentan cotidianamente la carencia y los obstáculos para acceder al agua. El agua es vital para preparar alimentos, lavar la ropa, la higiene familiar, la producción de alimentos y muchas veces para actividades de generación de ingresos. Al ser las principales proveedoras y usuarias del agua, los problemas que deriven de la mala gestión de la misma afectan seriamente su calidad de vida y su carga de trabajo, por lo que es imprescindible comprender las relaciones de género y cómo afectan y son afectadas por las intervenciones en agua y saneamiento.

Las ciudadanas y ciudadanos son los titulares del derecho al agua, y los marcos legales e institucionales deben reconocer mecanismos y herramientas para hacer exigibles los derechos frente a los poderes públicos. Asimismo, las organizaciones que los representan deben jugar un papel de incidencia y supervisión en la prestación de servicios, marcos legales y control presupuestario a nivel local, regional y nacional, sin el cual no es posible avanzar en el reconocimiento y ejercicio pleno del derecho al agua.

Además, para garantizar que un sistema sea sostenible en el tiempo debemos contemplar como eje fundamental la participación de las comunidades y colectivos beneficiarios en la ejecución de

las intervenciones, la elección de tecnologías apropiadas y las intervenciones post proyecto, como el mantenimiento y la conservación de los sistemas. Sin esta participación, los esfuerzos realizados en la construcción y diseño de los sistemas se pueden quedar en nada en un cortísimo plazo de tiempo.

Las dimensiones de derecho humano, bien común y servicio público siempre han rodeado el agua. Si la universalización del servicio, la garantía del derecho, la equidad y el control democrático recaen en la vocación de servicio público, el imaginario de patrimonio común, gestión solidaria, cooperación mutua, acceso colectivo y la sostenibilidad nos brindan la percepción de bien común. A lo largo de todo el mundo se han levantado voces e iniciativas en defensa de estos pilares para reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento, para que se trate el agua como bien público y común y no como una mercancía.

En situaciones de emergencia, asegurar el abastecimiento de agua potable y saneamiento apropiado es imprescindible para salvar vidas y para prevenir la transmisión de enfermedades que pueden agravar las consecuencias de las propias catástrofes o conflictos. También es una cuestión que afecta a la seguridad, la dignidad y la intimidad de todas las personas, en especial de mujeres y niñas.

Acciones como la distribución de agua potable, la reparación o construcción de pozos y otras fuentes de agua, la instalación de letrinas u otros sistemas de saneamiento o el reparto de productos para almacenar agua y para la higiene personal son prioritarias en la respuesta a una emergencia, para garantizar el derecho al agua y a la salud de las familias afectadas.

Además, la transmisión de mensajes sobre prácticas clave de higiene y de prevención ofrece a las personas en situación de emergencia los conocimientos necesarios para cuidar de su salud y la de sus familias, y aumenta su capacidad de sobreponerse al desastre.

Desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España consideramos que el acceso al agua es un derecho de toda persona que debe ser garantizado por los Estados. Además, es un elemento fundamental para la satisfacción de las necesidades básicas, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo socioeconómico y la erradicación de la pobreza.

En consecuencia, pedimos al Gobierno de España que cumpla con los compromisos contraídos en materia de ayuda oficial al desarrollo, y específicamente en lo relativo al sector agua y saneamiento, porque millones de personas en todo el mundo se encuentran en una crisis permanente al no poder acceder al agua y saneamiento en condiciones básicas.

Coordinadora de ONG de Desarrollo-España