Ver los toros desde la barrera y torear da perspectivas diferentes. En pro de bajar déficit, el Gobierno de Aragón, del PP, está intentando frenar contratos de obras de carreteras ya firmados con las constructoras y que suponen que estas adelantan inversiones por unos 800 millones que crearían empleo dentro del Plan Red (unos 5.000 millones).

El Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi presiona a estas empresas para conseguir que, de mutuo acuerdo, se rescindan o, al menos, se modifiquen contratos de obras en sus carreteras dentro del ambicioso plan autonómico, según fuentes del sector. Sin acuerdo, esto tendría un coste para esta Administración, ya que la Ley de Contratos Públicos obliga a indemnizar a las constructoras si cambian los contratos.

Oficialmente, la Consejería de Obras Públicas, dirigida por Rafael Fernández de Alarcón, señala que seguirá adelante con el plan si las adjudicatarias subsanan errores administrativos y de los proyectos. Uno de los errores se refiere a los avales y está provocado por el propio Gobierno, al cuestionar públicamente el plan a 35 años: Alarcón lo calificó recientemente como 'insostenible e infinanciable', según la prensa regional. Esto ha dificultado a las constructoras conseguir los avales de la banca.

El contrato lo adjudicó el anterior Gobierno (PSOE y PAR) bajo la fórmula de colaboración público-privada que el PP nacional ve con muy buenos ojos. Esa fórmula supone ceder las obras y el mantenimiento a las constructoras, que adelantan el dinero a cambio de un canon anual que Aragón no pagaría hasta 2014.