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Arias Cañete salva con su Ley de Costas 10.000 viviendas ilegales y 3.000 chiringuitos de playa

Se amplía 75 años las licencias. El Gobierno calcula que derruir el Algarróbico costará más de 7 millones de euros. Greenpeace denuncia el "engaño" de la ley, que "protege la inversión y no e

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Para el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, no se trata de 'una amnistía de situaciones ilegales', lo cierto es que la nueva Ley de Costas que ha presentado este viernes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, salvará de la quema unas 10.000 viviendas en situación irregular en todo el litoral español y 3.000 chiringuitos de playa. Para ello, el Gobierno propone ampliar 75 años las licencias que impiden su demolición. Arias Cañete presumió también de haber creado una cláusula anti Algarrobico, cuya demolición costará a las arcas del Estado más de siete millones de euros.

En cualquier caso, no parece que el objetivo de Arias Cañete sea proteger a las familias que viven en dichas viviendas ilegales.'Queremos evitar el daño que causaría a la imagen de España si se llevaran a cabo demoliciones masivas de viviendas', dijo el ministro. Las primeras en caer, según la legislación anterior -la Ley de Costas de 1988- serían unas 2.000, cuya licencia expira en 2018 y por las declaraciones del ministro, el Ejecutivo tiene muy claro que la mayoría pertenecen a ciudadanos extranjeros -por ejemplo, el complejo Empuriabrava en Catalunya-.

'Dentro de cinco años, se tendrían que haber empezado a demoler cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste', dijo. Según Arias Cañete, estos cambios 'tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida a los 'stocks' de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral'.

En resumen, para Arias Cañete no se trata de 'una ley de amnistía', sino una nueva legislación que establece 'un marco regulaorio mucho más claro' que elimina 'la sensación de arbitrariedad. Como las casas, 3.000 chiringuitos playeros se salvarán de la quema.

El Gobierno amplía también sus licencias y en el caso de los puestos desmontables, se les concederá una autorización de cuatro años en lugar de los 12 meses actuales. Según los cálculos del Ministerio, esos negocios generan más de 40.000 empleos anuales. La anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al fijar unas nuevas lindes; a cambio les otorgó concesiones por 30 años, que iban a empezar a expirar a partir de 2018.

Pese a todo, Arias Cañete insitió en que 'lo que sea ilegal en la costa será demolido, lo que era legal y estaba sometido a concesion se prorrogará a peticion de sus titulares; y las instalaciones industriales se analizarán desde el punto de vista medioambiental para ver si son sostenibles y afectan a los ecosistemas marinos o habitats naturales para tener una política de conservación real de las playas y el litoral'.

El ministro se refería obviamente a El Algarrobico, el hotel construido en la costa de Almería y sobre el que pesa la última sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado mes de septiembre decretó que su emplazamiento viola la actual Ley. El precio total de su demolición sería de 7.175.000 euros. El Ministerio y la Junta de Andalucía acordaron a principios del pasado mes de julio encargar a Tragsa un estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la zona.

El ministro ha incidido en que si los tribunales establecen definitivamente la ilegalidad de la construcción, que la licencia le fue concedida ilegalmente y que procede la demolición, el Gobierno y la Junta 'han llegado a un acuerdo para proceder conjuntamente en su demolición'.

Quizá lo más positivo de la legislación impulsada por Arias Cañete sea el examen al que el Gobierno someterá a las 1.700 industrias del litoral, que serán evaluadas por los entes locales y las Comunidades Autónomas que, a su vez, tendrán que informar al Ministerio sobre su respeto del medio ambiente.