María G. ha quemado hasta el último cartucho para seguir viviendo en la que desde 2001 ha sido su casa, propiedad de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, que quiere desahuciarla. En los últimos dos años, esta huérfana de padre, que además tiene una discapacidad del 35%, se ha enfrentado a un juicio, una sentencia desfavorable -tiene un recurso de casación planteado ante el Tribunal Supremo- e incluso a las cartas y burofaxes remitidos desde esta Asociación, que posee un vasto patrimonio inmobiliario.

"Me he sentido humillada e ignorada. Me han tratado como si fuera una cucaracha", relata a Público. Denuncia que la Asociación no quiere renovarle el contrato u ofrecerle una solución, a la vez que mantiene varias viviendas vacías. Pagaba más de 500 euros de alquiler, aunque cobra menos de 800 euros al mes.

En esta batalla, María G. ha hecho lo posible por ganar aliados -dentro de la Asociación, en la política, e incluso en Cáritas- y para ello ha enviado multitud de cartas. Entre sus apoyos está la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ya ha pedido una solución a Pro-Huérfanos. 

No obstante, quien más peticiones de auxilio ha recibido es el que fuera ministro del Interior hasta junio, Juan Ignacio Zoido, hoy diputado del PP y número uno en sus listas por Sevilla para las elecciones andaluzas de este domingo. "No sirvió de nada", lamenta la huérfana.

Entre la correspondencia revisada por este diario figuran cuatro cartas dirigidas a Zoido y rubricadas por María G., y una más  firmada por su hermano, Manuel G.. María G., Manuel G. y una tercera hermana vivieron juntos en esta vivienda, en la que también residió su madre -gravemente enferma- hasta su fallecimiento, en 2014.

Así, entre febrero de 2017 y diciembre de ese mismo año, María G. remitió un total de cuatro cartas al entonces ministro Zoido; le explicaba su problema habitacional, pero también le relataba las circunstancias que le han llevado a encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, “suplicaba” ayuda.

Incluso señalaba la existencia de casos en los que la Asociación se habría mostrado mucho más flexible a la hora de permitir el uso de sus viviendas, pero sus cartas no conllevaron un solo cambio. En respuesta, sólo recibió dos mensajes del Gabinete del entonces ministro, que se limitaba a informar de la recepción de sus misivas (3 de julio y 22 de noviembre de 2017).

La carta de su hermano Manuel, fechada en diciembre de 2016, ni siquiera recibió contestación. Por su parte, este diario ha intentado contactar con Zoido a través del PP, sin éxito. También la Asociación ha rehusado hacer comentarios: "Es una cuestión pendiente de resolución judicial", zanjaba un portavoz.

La Asociación, cuyo "primordial objeto es acoger y dar educación a los huérfanos de los socios fallecidos", se queda con el 1% del sueldo de todos los agentes de la Benemérita y recibe financiación pública, pero funciona como un ente privado. Sólo en Madrid, reconoce ser dueña de un número indeterminado de locales comerciales; once bloques de viviendas; un colegio privado; dos internados; dos residencias universitarias y otras dos residencias teóricamente destinadas a los miembros de la Guardia Civil, entre ellas la que utiliza el propio Zoido, pese a no ser parte del cuerpo. La misma residencia que él inauguró cuando aún era ministro, en mayo de 2018. Entonces aseguró que este centro iba a servir "para satisfacer las necesidades sociales de los miembros del Cuerpo".

En octubre, este diario desveló que Zoido ha disfrutado de estas instalaciones en repetidas ocasiones y a un precio muy bajo -60 euros por una habitación doble, con desayuno incluido-, aunque cobra 6.235 euros brutos mensuales como diputado en el Congreso, de los que 1.874 euros son libres de impuestos -como indemnización por no residir en Madrid-. La normativa de la residencia deja claro además que el exministro tiene carácter de "invitado extraordinario"; que la situación debe darse "excepcionalmente", pero en el PP sostienen que no hay "nada extraño" en que Zoido sea mucho más que un "invitado extraordinario" en la residencia Colegio Infanta María Teresa. Poco después de la publicación de estas informaciones, Interior decidió investigar el uso de la residencia, también utilizada por el exdirector general de Tráfico, Gregorio Serrano.

Esta cuestión, el uso de los medios de una Asociación financiada -forzosamente- por todos los agentes de la Guardia Civil, es lo que indigna a María G.; mientras tiene "muchos pisos vacíos", y mientras políticos que no son de la Benemérita disfrutan de estos recursos, otros agentes y personas vinculadas al Cuerpo se ven sin acceso a ellos. "Yo no critico a la Guardia Civil. Critico a la Asociación Pro-Huérfanos", apunta la huérfana. 

El contrato del piso que hoy "ocupa ilegalmente" -en palabras de la Asociación- fue subrrogado a nombre de su hermano hasta 2016, dos años después de la muerte de su madre. María G. asegura que jamás ha dejado de pagar el alquiler, y recuerda que desde la Asociación nunca le han ofrecido una alternativa habitacional, exceptuando un local comercial no habilitado para vivir en él, y por el que le pedían un alquiler superior: 600 euros más IVA.

La historia de María G. fue adelantada en 2017 por Eldiario.es, cuando la huérfana aún no podía ni imaginar las dimensiones de la batalla legal que le esperaba. Hoy aguarda en el piso de la calle Uruguay de Madrid, con la esperanza de que le ofrezcan una alternativa. Pide a la Asociación que se acoja a una norma excepcional recogida en su propio Reglamento, que contempla las razones humanitarias para adjudicar una vivienda. 

"Merecía ser escuchada, no humillada y despreciada"

Entre las cartas remitidas en estos dos años, y las respuestas logradas, María destaca la preocupación que percibió en la misiva de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Le ha escrito en dos ocasiones, una menos que a Fernando Grande-Marlaska, actual titular de Interior (la primera tuvo respuesta, las siguientes aún no, ya que las remitió en noviembre). "Investigue a la Asociación Pro-Huérfanos". "Yo ya voy por el recurso de casación y ellos no muestran ningún interés por ayudarme. Usted, como ministro del Interior, puede hacerlo. Haga posible que la Justicia sea igual para todos", pide a Marlaska.

También ha intentado granjearse el respaldo del actual director general de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón Vilas, y de su antecesor, José Manuel Holgado Merino. Su cargo lleva aparejada la Presidencia Honorífica de la Asociación, si bien, como explicaban las respuestas remitidas a María G. por sus respectivos gabinetes, este no conlleva la asunción de funciones ejecutivas. La asociación es autónoma, explican.

En cualquier caso, y más allá de la indiferencia del exministro del Interior, María se muestra particularmente crítica con las cartas y burofaxes remitidos desde la Asociación. "Ante mis repetidas súplicas de ser recibida en audiencia, y como hija y huérfana del Cuerpo, creo que hubiera merecido la pena ser escuchada, y no despreciada y humillada, dándome el silencio por respuesta", reza una de estas misivas, fechada el 11 de junio de 2016, y dirigida al coronel jefe del Área Económica y de Viviendas, Juan Bautista Martínez Raposo.

Irónicamente, es precisamente la Asociación que debería servir para "ayudar a los huérfanos" de la Guardia Civil necesitados, quien, a su juicio, hace menos por darle una alternativa. Por no dejarla en la calle.