Publicado: 13.11.2014 07:00 |Actualizado: 13.11.2014 07:00

La Audiencia Nacional estudiará si mantiene a Díaz Ferrán en la cárcel

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado mañana al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, para estudiar si le mantiene en prisión provisional en la causa en la que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ha fijado la celebración de esta vista de prórroga de prisión cuando están próximos a cumplirse dos años desde que ordenó su encarcelamiento. En diciembre de 2012 Velasco impuso al expresidente de la patronal una fianza de 30 millones de euros para eludir la cárcel. Durante el tiempo transcurrido desde entonces, la caución ha ido rebajándose hasta alcanzar los cinco millones de euros, que el empresario no ha abonado.

Velasco acusa a Díaz Ferrán de la comisión de un delito continuado de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. Según explicaba la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, la lamentable situación patrimonial del grupo amenazaba el "altísimo nivel de vida" del expresidente de la patronal que procedió a realizar "un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, en evidente perjuicio de los acreedores".

El Ministerio Público pide 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE y 8 años para el liquidador de empresas Ángel De Cabo, también procesado y que se encargó de la operación de vaciamiento. En el juicio que se celebrará dentro de unas meses se sentarán también en el banquillo el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría, el número dos de De Cabo, Iván Losada, y otras siete personas.

Díaz Ferrán cumple, además, una condena de dos años y dos meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de las empresas Air Comet y Viajes Marsans

El juez Santiago Pedraz le investiga, por su parte, por un delito continuado de apropiación indebida tras quedarse con 4,4 millones de euros pagados a Viajes Marsans por clientes que contrataron viajes que nunca llegaron a disfrutar.

El empresario figura entre los querellados que investiga otro magistrado, Fernando Andreu, por planificar la comercialización de participaciones preferentes de Caja Madrid. El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid le impuso en mayo 15 años de inhabilitación por la quiebra de Seguros Mercurio.