No han pasado ni cuatro meses desde que el Ejecutivo y el PP acordaran la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Suficiente para que uno de los partidos firmantes, el PSOE, se descuelgue y cuestione la elección de los 20 vocales y del presidente del órgano de gobierno de los jueces. El detonante ha sido el caso Mari Luz, el hecho de que el recién nombrado CGPJ ratificase la multa de 1.500 euros para el juez de Sevilla Rafael Tirado.

José Blanco, vicesecretario general del PSOE, vino a plantear ayer en una entrevista a Europa Press una enmienda a la totalidad de todo el proceso: “Si hubiera sabido que algunos miembros del CGPJ, que han sido elegidos por el Parlamento, iban a tener el comportamiento que tuvieron, me habría replanteado mi voto”.

Además, denunció que los vocales del Consejo actuaran guiados “exclusivamente por corporativismo”, una conducta siempre “rechazable” y “nociva”, más en este caso porque “cuando son los jueces los que la practican se resiente todo el Estado”. Por eso, el Gobierno trabaja para tener lista la reforma “urgente” del régimen disciplinario de los jueces.

Blanco sabe que el PSOE se halla solo. Que el PP se ha deslindado de toda crítica al CGPJ. “Recuerdo todas las declaraciones que previamente hizo Mariano Rajoy sobre la necesidad de una resolución ejemplar”, comentó irónico, y por eso echa de menos “un pronunciamiento claro” de los conservadores.

Los socialistas están molestos con la pretensión de Carlos Dívar, presidente del Supremo y del CGPJ, de no hablar del caso Mari Luz en el Congreso. Si hay “impedimento legal” para que explique el asunto, el PSOE lo respetará, pero no admitirá “subterfugios legales” para evitar exponer las razones de una polémica resolución que “no es judicial, sino política”, subrayó Blanco.

Prudencia manda en el PP. Ayer, Dolores de Cospedal calificó de “demasiado suave” la multa de 1.500 euros a Tirado por no haber ejecutado la sentencia contra el presunto asesino de Mari Luz. La número dos del PP solapó enseguida el pellizco al PSOE, pues la Junta de Andalucía, dijo, “ha incurrido en una dejación de funciones muy importante” al no cumplir sus funciones de tutela de la Administración de Justicia.