El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden que establece el cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) el 6 de julio de 2013.

La autorización de la prórroga de Garoña podrá dejarse sin efecto si la central nuclear incumpliera los límites y condiciones exigidas por el Gobierno, entre ellas la seguridad, y Nuclenor también podrá decidir el cese de la actividad, aunque lo tendrá que comunicar con al menos un año de antelación.

Estas son dos de las principales consideraciones de la orden ministerial, en la que, además, se establece el plazo para la presentación de recursos: de reposición en el plazo de un mes o bien un contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su publicación en el BOE.

Según la orden, la autorización de prórroga podrá "dejarse sin efecto en cualquier momento" si se incumplen los límites y condiciones exigidos y si se comprueba que ha habido "inexactitudes" en los datos aportados por Nuclenor para ampliar la concesión.

Además, si existen "factores desfavorables" desde el punto de vista de seguridad nuclear y protección radiológica.

Por su parte, Nuclenor, propietaria de la planta, podrá decidir cesar la explotación de la central antes de lo anunciado, salvo causas imprevistas o una resolución del Ministerio de Industria, pero deberá comunicarlo a la dirección general de Política Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un año antes.

No obstante, "el titular de la explotación no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida".

En esta orden, el Ministerio de Industria señala que, previo informe del CSN, establecerá las condiciones a las que se deberá ajustar las actividades a realizar en la central hasta la obtención de la autorización de desmantelamiento, un proceso que, según el Gobierno, generará "más residuos radiactivos" que otras centrales.

Respecto a los residuos, la orden recuerda "la conveniencia" de compatibilizar las previsiones para poner en marcha un almacén temporal centralizado que almacene estos residuos, un requisito que el Gobierno entiende previo al proceso de desmantelamiento.

En cuanto al "riesgo nuclear", Industria obliga a Nuclenor a suscribir una póliza con "una compañía de seguros autorizada".

En la orden también se hace referencia a los informes que la central deberá entregar en el primer trimestre y primer semestre de cada año natural sobre la gestión de la vida útil de la central nuclear y sobre diferentes aspectos técnicos, entre ellos la seguridad.

Industria recuerda que los componentes y estructuras de Garoña fueron diseñados para una "hipótesis de vida" de 40 años y que la planta supone alrededor del 1,3 por ciento de la producción total nacional de electricidad, por lo que su cese en 2013 "no tiene repercusiones sobre las garantías del suministro".

La generación eléctrica de la central puede ser sustituida, según el Gobierno, por "medidas adicionales de ahorro energético y tecnologías renovables que no incrementarán las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera".