El suministro de gas boliviano a Brasil ha sido restituido en un 90 por ciento, pero, por el contrario, grupos de manifestantes han cerrado totalmente las válvulas para los envíos a Argentina, informaron hoy a Efe fuentes petroleras.

Una fuente de la empresa petrolera Transierra confirmó que sobre el medio día se ha solucionado el incidente ocurrido esta madrugada que había causado la suspensión completa de la exportación de gas hacia Brasil.

Bolivia está enviando a Brasil en este momento 27 millones de metros cúbicos de gas, tres millones menos de lo fijado en los contratos vigentes entre ambos países.

La exportación del resto, los otros tres millones de metros cúbicos, aún no puede ser reanudada debido a que continúan las operaciones para reparar los daños provocados por una explosión registrada el miércoles en una válvula de un gasoducto del sur.

Otra fuente del sector privado petrolero confirmó que, en cambio, la exportación de gas hacia Argentina, unos 2 millones de metros cúbicos diarios, fue cortada totalmente hoy debido a la ocupación de una planta por parte de manifestantes.

Este nuevo incidente se produjo en el sur del país, en el departamento de Tarija, donde fue ocupada la estación de Pocitos por un grupo opositor que obligó a funcionarios de la Transredes a cerrar las válvulas del gas de exportación.

En el departamento oriental de Santa Cruz, otro grupo hizo lo propio en la planta petrolera de Samaipata, lo que afectará al envío de carburantes hacia la zona andina de Bolivia, es decir a los departamentos de Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.

Los manifestantes sobrepasaron en todos los casos la vigilancia militar que impuso el Gobierno en las estaciones y plantas petroleras que casi en su totalidad están situadas en los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.

Los gobernantes y líderes cívicos de estas regiones, junto a las de Beni y Pando, son opositores al presidente Evo Morales, al que exigen restituir los ingresos petroleros recortados a las regiones porque sin ellos -dicen- sus demandas de una administración autónoma no tienen sentido.

El Ejecutivo recortó a los departamentos estas rentas para abonar una ayuda directa a los mayores de 60 años en todo el país.