Las entidades financieras que pidan ayudas públicas del FROB tendrán que pagar varios peajes por el dinero recibido y comprometerse a llevar a cabo un duro plan de ajuste que el Banco de España vigilará trimestralmente y que podrá endurecer si lo considera necesario, según el real decreto ley publicado en el BOE.

Hasta ahora, abonaban un tipo de interés del 7,75% anual por los préstamos estatales y tenían algunas restricciones en el momento de hacer negocio. A partir de ahora, tendrán que cumplir medidas mucho más estrictas e, incluso, habrán de comprometerse a aumentar la cifra de créditos concedidos a las pequeñas y medianas empresas. Esta fórmula es similar a la que ha conseguido el Gobierno británico con las entidades del país (en su caso ha marcado cifras exactas banco por banco), pero es una imposición más suave que la que planteó el departamento que dirige Elena Salgado en uno de los borradores iniciales. Entonces hablaba de aumentar el crédito a los hogares y a las pymes. Ahora lo ha limitado a estas últimas y sin precisar cómo deberán hacerlo.

El decreto es tan contundente como poco concreto, pues asegura: 'las entidades solicitantes asumirán el compromiso de incrementar la financiación a pymes, en términos compatibles con los establecidos en su plan de negocio'. Los expertos tienen dudas de cómo se puede ejecutar esta imposición, dado que a una entidad con tantos problemas como para tener que recurrir al apoyo público no le va a resultar fácil disponer de fondos para incrementar el crédito empresarial.

El Banco de España exigirá un informe trimestral de cómo van las entidades

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, insistió tras la celebración del Consejo de Ministros del viernes en que esta reforma de la normativa tenía como uno de sus objetivos principales aumentar el crédito (cuanto más solventes sean las entidades, más crédito deberían dar). Sin embargo, al tener bancos y cajas la exigencia de tener un capital más elevado por cada crédito que dan, también tiende a ser una norma restrictiva del crédito. El Gobierno quiere evitar que este segundo efecto se produzca. El presidente de Ibercaja, Amado Franco, aseguró que 'algo tendrá que temer el Gobierno cuando ha impuesto el crecimiento de los créditos'.

Además, para recibir ayudas públicas, las entidades tendrán que presentar un plan de negocio con objetivos de eficiencia, rentabilidad, niveles de apalancamiento y liquidez, e incluso compromisos de reducción de costes de su estructura, y estarán obligadas a profesionalizar más su gobernanza.

Las cajas nacionalizadas deberán aplicar el Código de Buen Gobierno Corporativo, lo que implica que el consejo tendrá entre cinco y 15 miembros y, al menos, una tercera parte de ellos deberá ser independiente, al margen de los que imponga el FROB para defender su inversión. Y lo que es más, deberán hacer públicas las remuneraciones detalladas de cada uno de sus máximos ejecutivos, una práctica que ya vienen llevando a cabo los bancos desde hace años, pero que nadie aplica en las cajas, salvo la CAM.

Estas retribuciones se limitarán en el caso de las entidades nacionalizadas, al igual que los dividendos. Además, el Estado se reserva la opción de imponer también recortes a la cuantía de los beneficios que pueden dedicarse a la obra social tanto en las cajas con ayudas como en aquellas que en el futuro se queden por debajo de los niveles mínimos de solvencia establecidos. Por tanto, las contribuciones de las cajas a la sociedad pueden quedar en este proceso mermadas por tres vías: por la venta de participaciones a terceros, que en general reducirá la cuantía de los beneficios que queda para obra social; por la limitación de los dividendos que reciben las cajas y que son con los que lo financian, y por la acotación directa de esta partida. No obstante, en el real decreto ley no se concreta ni en qué circunstancias se acometería esa reducción ni en qué cuantías.

El PP gallego amenaza con recurrir el decreto en los tribunales

A cambio de las numerosas exigencias, el Gobierno permitirá a las entidades hacer ajustes en las cuentas con las que se va a calcular ahora su solvencia (se harán públicas las necesidades de cada banco o caja el 10 de marzo). Servirán para mejorar su situación las ventas de redes de oficinas, de participaciones estratégicas, de carteras de crédito o de activos inmobiliarios.

Desde París, donde asistió a la reunión del G-20, Salgado volvió a mostrarse muy orgullosa de la reforma financiera aprobada y aseguró que ha recibido 'felicitaciones en público y en privado' por las medidas.

El apoyo internacional contrasta con las opiniones vertidas por el PP e IU en España. El PP gallego amenazó con presentar un recurso contra el decreto ley el mismo día que el presidente del partido, Mariano Rajoy, criticaba al Gobierno por haber aprobado seis reales decretos para el sector financiero en un año, después de haber estado tres 'sin hacer nada'. El líder nacional fue más comedido, en todo caso, que los representantes gallegos, al asegurar que está dispuesto a hablar para apoyar la reforma si sirve para que haya crédito, informa María Jesús Güemes.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, calificó la iniciativa como 'el último regalo del Gobierno a la banca'. Se trata, en su opinión, de una nueva medida que el Gobierno ha podido llevar a cabo 'con el apoyo del PP y de los partidos conservadores', y que demuestra que el PSOE 'carga la crisis sobre las espaldas de la mayoría', mientras construye 'un puente de plata a los responsables' de la misma, informa Iñigo Adúriz.