La veterana diputada regional del Partido Popular Rosa Posada fue elegida el viernes nueva presidenta de la comisión de la Asamblea de Madrid que está investigando una supuesta trama de espionaje a altos cargos madrileños.

Posada, de 69 años y que fue directora del gabinete del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, sustituirá en el cargo a Benjamín Martín Vasco, que el miércoles presentó su dimisión para querellarse por unas informaciones que lo vinculan con la "operación Gürtel" de presunta corrupción.

cinco del PP, tres del PSOE y uno de IU - eligió a Posada frente a la candidata propuesta por la oposición, Inés Sabanés, diputada de Izquierda Unida y que ya había aspirado a presidir el comité cuando fue constituido hace dos semanas.

Las portavoces de PSOE e IU expresaron inmediatamente tras su nombramiento su decepción por la lentitud con la que está funcionando la comisión y acusaron al PP de bloquear sus trabajos, cuyo plazo de finalización ha sido ampliado del 28 de febrero al 31 de marzo.

"Es una decepción, una primera decepción importante porque salimos de esta reunión sin saber todavía a estas alturas, a 20 de febrero, en qué momento va a aparecer el primer compareciente", declaró la portavoz socialista, Manu Menéndez.

"Si no se levanta ese bloqueo y ese veto, insisto en que es que hay mucho que esconder y mucho escándalo que tapar", aseguró por su parte Sabanés.

El PP negó que esté bloqueando los trabajos de la comisión y aseguró que era la oposición la que estaba poniendo trabas, pidiendo por ejemplo la dimisión de Martín Vasco.

Posada, ex presidenta de la Asamblea de Madrid y cuyo perfil político es considerado más moderado que el de su antecesor en el cargo, aseguró que las normas de funcionamiento acordadas por la propia comisión se estaban llevando a cabo "de forma normalizada y rigurosa".

El escándalo que la comisión pretende investigar surgió el pasado 20 de enero, cuando el diario El País destapó presuntos casos de espionaje que afectarían, entre otros, al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, pertenecientes a facciones enfrentadas dentro del PP.

Las informaciones publicadas señalaron que algunos de los seguimientos los realizaron ex agentes policiales y guardias civiles a sueldo de la Consejería de Interior, algo que se ha desmentido desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Un tribunal de Madrid ha abierto también diligencias al respecto por considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito penal.