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La Defensora del Pueblo no ve inconstitucional privatización de la sanidad madrileña

La institución que dirige Soledad Becerril dice que "seguirá con especial interés" el proceso y que  en caso de que este nuevo modelo sanitario ocasione un "deterioro de la calidad del servicio, intervendr&aacu

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La Defensora del Pueblo ha indicado este martes que no ve inconstitucional la ampliación de la externalización de seis hospitales de la Comunidad, incluida en la Ley de medidas fiscales y administrativas aprobada en la Asamblea de Madrid, aunque asevera que intervendrá si se produce un deterioro de la calidad asistencial.

Recientemente, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) presentó a la institución un informe elaborado por sus servicios jurídicos que consideraba inconstitucional la ampliación de la gestión externalizada a seis hospitales de la región, de cara a que la Defensora del Pueblo presentara un recurso contra esta media ante el Tribunal Constitucional.

En un comunicado, la oficina del Defensor del Pueblo considera que los artículos 62 y 63 de dicha normativa no presentan indicios de inconstitucionalidad. Además, señala que faltan elementos básicos para valorar el nuevo modelo que pretende aplicar el Gobierno regional para seis hospitales y 27 centros de salud, al desconocer el desarrollo del proceso de contratación y las normas de control que establecerá la Comunidad de Madrid. No obstante, la institución que dirige Soledad Becerril 'seguirá con especial interés' tanto el proceso de implantación de este nuevo modelo, como las fórmulas que deben adoptarse para garantizar la mayor homogeneidad y calidad de la actividad asistencial.

En la resolución remitida a Afem, la Institución apunta que, en caso de que este nuevo modelo sanitario ocasione un 'deterioro de la calidad del servicio, intervendrá'. Además, recuerda que cualquier ciudadano que pueda sentir que sus derechos son lesionados tendrá a su completa disposición al Defensor del Pueblo.

Apunta también en dicha resolución que se debe asegurar la pluralidad entre las entidades privadas adjudicatarias para evitar que ninguna adquiera una posición dominante. Por otro lado, considera necesario garantizar que el gasto por enfermo resulte equivalente tanto en la función asistencial realizada por el Servicio Madrileño de Salud como en la realizada por las entidades privadas. También aboga al respecto por reforzar algunos derechos de los usuarios como el derecho a la libre elección o a una segunda opinión. Aparte, sugiere la posibilidad de establecer un sistema en el que los profesionales sanitarios puedan dejar constancia de su criterio sobre la conveniencia de derivar a un paciente a un servicio concreto.

El estudio de Afem sostiene que la normativa aprobada por la Asamblea de Madrid para ampliar la externalización vulnera las normas constitucionales básicas en materia de sanidad pública y seguridad social. Uno de los argumentos es que rompe la unidad del régimen económico del aseguramiento de la prestación sanitaria. Concretamente, el informe remarca que los hospitales públicos tienen un régimen económico presupuestario y cooperativo que no genera ningún problema a la hora de derivar a otro paciente a otros centros de la red que se considere más idóneo para la atención. Frente a ello, Afem entiende que el régimen económico y contractual de los centros ''privados'' establece penalizaciones en caso de derivación de pacientes de su zona.

Además, el informe impulsado por Afem sostiene que el modelo que pretende articular la Consejería de Sanidad establece una especie de apartheid sanitario que discrimina a los pacientes por zonas. Con ello, se presupone que la población de los centros concesionados no tiene libertad de elección plena de centro y se generaría dificultades para ser atendidos en otras instalaciones fuera de la zona.

Por otro lado, el PSOE ha registrado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley de Acompañamiento a los presupuestos regionales. El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea también ha presentado este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en aras a que se declare la nulidad de esta norma.