El movimiento madrileño por la vivienda vuelve a colocar en su punto de mira a la Sareb (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), más conocido como banco malo, lanzando una convocatoria para 'tomar' la sede central de la entidad, en el madrileño Paseo de la Castellana, 84, durante su primera junta general de accionistas, que tendrá lugar el próximo miércoles a las 18.00 horas.

En esta ocasión, los convocantes se agrupan en la Plataforma de Inquilinas Amenazadas por el Sareb (PIAS), que se integra en la Asamblea de Vivienda de Madrid junto con otras plataformas como la PAH Madrid o la Oficina de Vivienda, que también secundan esta acción.

El banco malo es una sociedad que gestiona los activos tóxicos de la banca, entre ellos los inmuebles propiedad de entidades nacionalizadas y rescatadas con dinero del Estado. Según los convocantes, la Sareb es 'la mayor inmobiliaria de Europa' con 50.449 millones de euros en activos, de los cuales, los accionistas privados han puesto un 55%, mientras que los 45% restante 'es deuda avalada por el Estado, es decir, por todos nosotros', explican en su convocatoria.

La consecuencia de esta transferencia de activos tóxicos, sostienen los convocantes, es que en ese proceso 'no se han tenido en cuenta aquellas viviendas que tuvieran familias habitándolas, ni a aquellas que estuvieran en procesos de negociación de alquileres sociales por no poder afrontar los pagos de sus hipotecas'. Esto ha dado lugar a que muchas familias, a la hora de renegociar su situación con la entidad con la que firmó su hipoteca, se hayan encontrado con que su casa ya no pertenece al banco, sino a la Sareb, cuya única finalidad es 'evitar la quiebra del sistema financiero español'.

La PAH ha denunciado en varias ocasiones casos como el de Olga, que estando a punto de acordar una alquiler social con Bankia, su piso fue transferido como parte de los 22.153 millones en activos que su matriz BFA depositó en la Sareb, suponiendo el final de las negociaciones entre la afectada y su entidad, que ya no era propietaria de la vivienda. Aunque finalmente, la presión popular logró que Olga obtuviera un alquiler social, la realidad es que muchas otras situaciones como esta no se resuelven igual.

'La Sareb ni escucha ni soluciona', denuncian los afectados, que aseguran que el banco malo no reconoce las promesas anteriores que permitían a los desahuciados mantener su vivienda a cambio de un alquiler social asequible.

Sin embargo, el problema de la vivienda en España, un derecho garantizado por la Constitución no será debatido en esta primera junta de accionistas. No les compete, dicen desde la entidad. Fuentes el banco malo han asegurado a Público que esta entidad 'no ha ejecutado desahucios porque no gestiona hipotecas particulares'. 'No se no ha creado para gestionar la vivienda social, no concedemos daciones en pago', sostienen.

El orden de día de la reunión tratará entre otros asuntos 'la autorización a los miembros del Consejo de Administración para que puedan dedicarse, por cuenta ajena, a un género de actividad complementario al que constituye el objeto social de la Sociedad', es decir, combinar su gestión en la Sareb con otras actividades; la modificación del artículo sobre la retribución de los Consejeros que, según han explicado a Público 'busca sustituir la remuneración fija de los consejeros por una retribución fija aminorada, más unas dietas por asistencia. Una medida que pretende reconocer el compromiso y dedicación de los consejeros'.

También se aprobarán las cuentas del ejercicio de 2012, que arrojaron, como estaba previsto, unas pérdidas por valor de más de 5 millones de euros, mientras su presidenta, Belén Romana, se embolsaba un salario de 33.000 euros mensuales, lo que equivaldría a 396.000 anuales, por debajo del límite de 500.000 euros que puede llegar a cobrar según los criterios que rigen la sociedad y que impiden que sus directivos ganen más que los de las entidades financieras que han recibido ayudas del FROB. Esta política de remuneraciones será aprobada también en la junta de este miércoles.

Otro punto del día será 'dejar sin efecto, en la cuantía no dispuesta, el Acuerdo Noveno de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 13 de febrero de 2013', tras lo cual se esconde la eliminación de un punto de los estatutos por el que, en caso de vacantes no cubiertas, la fracción de la retribución que quedase sin asignar se prorratearía entre el resto de la plantilla.

'Frente a su junta de accionistas', los convocantes de la concetración también llevan un orden del día paralelo que incluye, entre otras medidas, la paralización de los procedimientos de desahucio de las viviendas de su propiedad, la dación en pago retroactiva, alquiler social para las familias que residen en viviendas de su propiedad o la creación de un parque público de vivienda en alquiler social con todas sus viviendas vacías.

Fuentes del Sareb sostienen que analizarán caso por caso cada una de las hipotecas de activos traspasados con ejecuciones hipotecarias pendientes porque su intención, explican, 'es llegar a acuerdos con los afectados' y que pese a que enmarcar la protesta 'dentro de las que se están realizando contra las instituciones públicas a causa del descontento social', no han tomado aún ningún tipo de medidas excepcionales, ni en el ámbito de la seguridad ni en ningún otro.

Sin embargo, una acción de este tipo el pasado mes de marzo, cuando afectados por los desahucios acudieron a la sede para negociar con los nuevos propietarios de sus casas daciones en pago y alquileres sociales. La cita se saldó con 30 detenidos , entre afectados y activistas.