La Guardia Civil de Ciudad Real ha desmantelado una red dedicada a la falsificación de nóminas y pagarés para lograr el cobro de créditos en entidades bancarias, a las que consiguieron estafar más de 500.000 euros en un periodo de siete meses.

La operación, denominada "Electra", se ha saldado con la detención de diez personas y la imputación de otras cuatro, todas ellas supuestas autoras de delitos de estafa, falsificación documental (de contratos de trabajos y nóminas) y tráfico de drogas, ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno.

La operación comenzó a mediados de abril por parte del equipo de Policía Judicial y del área de Investigación de Puertollano, al detectarse la presencia de un grupo organizado, asentado en las localidades de Puertollano y Almodóvar del Campo, que se dedicaba tanto a la venta de drogas como a realizar estafas a entidades bancarias.

Los integrantes de la red falsificaban nóminas y vidas laborales para solicitar préstamos a entidades bancarias, y fueron tantas las ganancias obtenidas que los investigados optaron por sobornar a un director de banco de Caja Madrid con sucursal en Aranjuez para contar con la connivencia del mismo a la hora de delinquir.

Para cometer la estafa, los detenidos compraban una finca a su propietario legítimo a precio de mercado mediante una hipoteca solicitada en la sucursal de Caja Madrid en Aranjuez.

Inmediatamente, el comprador vendía el inmueble a un precio muy superior a otro miembro de la organización, que pedía una nueva hipoteca en la misma oficina, que le concedían con la ayuda del director de la sucursal y con la que cancelaba la del primer comprador.

La diferencia entre el precio de compra y el de venta quedaba ingresada en la cuenta corriente del primer comprador, que retiraba el dinero en metálico antes de que la entidad bancaria pudiera detectar que el último comprador, que era alguna persona sin ingresos monetarios captada como testaferro, no abonaría las cuotas mensuales.

Las ganancias obtenidas con la operación fraudulenta eran repartidas entre los integrantes de la red, y el director del banco recibía una parte importante.

Los testaferros contratados por la red cobraban unos 1.000 euros y, tras la operación, no podían aportar el dinero requerido al ser insolventes.

Para llevar a cabo la estafa y al objeto de evitar los posibles controles y auditorías internas de las entidades bancarias, la banda falsificaba las tasaciones de las fincas, las nóminas, las declaraciones del IRPF y del impuesto de sociedades de empresas mercantiles, que a veces hacían participar en la operación y que no podían ser investigadas porque eran de creación reciente.

De esta forma, obtenían el crédito con la connivencia del director de la entidad bancaria.

Otro método utilizado por los investigados para la comisión de sus estafas consistía en utilizar pagarés de las empresas mercantiles ficticias que habían constituido o de empresas de curso legal.

Para ello, falsificaban los sellos de las empresas y firmas de sus apoderados, al objeto de introducir los pagarés en el mercado, negociándolos con empresarios de toda España.

También captaban a empresarios, que, voluntariamente, ofrecían sus pagarés bancarios, para que el entramado delictivo buscara una tercera persona que se hiciera cargo del descuento de los pagarés, obteniendo así liquidez sin mediar operaciones comerciales.

Con lo que respecta al delito de tráfico de drogas imputado a los miembros de la organización desarticulada, éste era cometido al ofrecer las viviendas obtenidas fraudulentamente como lugares para ocultar en su interior sustancias estupefacientes, lo que se conoce policialmente como "guarderías".