El presidente colombiano, Álvaro Uribe, no logró el martes que el Congreso aprobara la ley para decidir en un referéndum sobre su tercer mandato , pero las denuncias sobre propuestas de soborno y ofertas de compra de votos a los diputados no dejan de aumentar.

El candidato liberal a la Presidencia, Rafael Pardo, reafirmó el miércoles que el Gobierno está 'comprando diputados' con dinero destinado a Seguridad. Según Pardo, ya dispone de información en torno a las circunstancias en que algunos diputados gubernamentales, dudosos sobre su posición ante el 'referéndum reeleccionista', han prescindido de sus vacilaciones recibiendo 'cupos de inversión regional' por muchos miles de millones de pesos colombianos.

Otra denuncia la hizo el diputado Jorge Enrique Rozo, a quien una representante del presidente de la poderosa empresa pública de formación SENA abordó en su oficina para informarle de que Uribe 'va a salir en busca de una segunda reelección' y a continuación preguntarle qué necesitaba para votar a favor del referéndum'.

Tras una larga y agotadora sesión que duró más de ocho horas, la Cámara de Representantes aplazó el martes por la noche madrugada del miércoles en España la votación sobre el proyecto de ley que contempla convocar un referéndum con el fin de consultar a los colombianos si aprueban modificar la Constitución para que Uribe pueda presentarse como candidato en los comicios de 2010.

La Iglesia advierte de que no aceptará la consulta si parte de 'tratos sucios'

Incluso la Iglesia ha mostrado sus reservas sobre los montajes a favor de un tercer mandato de Uribe. 'La Iglesia no respaldará un referéndum inmoral que parta de tratos sucios hechos por debajo de la mesa', afirmó el secretario de la Conferencia Episcopal, José Vicente Córdoba.

Portavoces gubernamentales presumen de tener bien amarrada la mayoría para la reelección de Álvaro Uribe. Sin embargo, el senador Rodrigo Lara Restrepo, quien dimitió como zar anticorrupción por las dificultades que encontraba desde instancias oficiales para su gestión, confirmó en declaraciones a Público las presiones que se están ejerciendo sobre los diputados para la aprobación del referéndum.

'Si el Congreso de Colombia fuese autónomo y los de la propia coalición de Gobierno pudieran votar en conciencia y libremente, el referéndum no sería aprobado', afirmó Lara. 'El Gobierno nacional ha desplegado su artillería para repartir una gran parte de la inversión regional en función del apoyo que se le dé por parte de los diputados', agregó el senador. Además, según él, algunos de los ofrecimientos para la compra de votos ya han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

Lara figura entre las víctimas anunciadas de una trama criminal revelada en los últimos días para acabar con personalidades opuestas al cambio constitucional, incluidos parlamentarios y defensores de derechos humanos. 'La conspiración proviene no sólo por mis posiciones políticas, sino por mis contactos con las autoridades y parlamentarios estadounidenses sobre los jefes paramilitares extraditados', subrayó el senador.

El martes no dio tiempo a votar sobre el referéndum porque se discutieron primero otros temas del orden del día y, además, se analizó el caso de 11 de los más de cien congresistas que se han declarado imposibilitados para votar por estar bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con los paramilitares. Pero estos diputados, son precisamente, quienes la semana pasada firmaron el acta que permitió que el proyecto de referéndum se esté debatiendo, por lo que la oposición liberal ha anunciado que se dispone a denunciarlos por fraude.

Los diputados que están siendo investigados por prevaricación por parte de la Corte Suprema tratan de blindarse ante la posibilidad de una futura condena por participar en una votación mientras están encausados.

El verdadero debate parlamentario de fondo se tendría que abrir hoy, con la toma en consideración de la denuncia presentada por el líder del Partido Liberal, el ex presidente Carlos Gaviria. Según el parlamentario, hay nueve artículos que son claramente inconstitucionales.