Quito pidió hoy a la CIDH que tome una decisión "histórica" y admita su denuncia contra Colombia por la muerte de un ecuatoriano en el bombardeo contra una base de las FARC en Ecuador, y Bogotá dijo que el ente "no es competente" en el caso y se retiró de la sesión en protesta.

En una audiencia pública del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el procurador general de Ecuador, Diego García, indicó que la Comisión tiene la competencia para admitir su denuncia.

Mientras, el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, argumentó lo contrario y tras presentar la versión de Bogotá durante unos 20 minutos como le correspondía, se retiró de la audiencia.

Esta es la segunda denuncia de un Estado contra otro que estudia la Comisión en sus 50 años de historia. La primera fue la de Nicaragua contra Costa Rica en 2006, que fue declarada inadmisible en 2007, por lo que una admisión de la CIDH en este caso sería histórica.

En la sesión, García mostró un vídeo del bombardeo colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador el 1 de marzo de 2008, en el que murieron 26 personas, entre ellas el "numero dos" de la guerrilla, alias "Raúl Reyes", el ecuatoriano Franklin Aisalla, y cuatro estudiantes mexicanos.

Destacó que la CIDH tiene la posibilidad de reafirmar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su legitimidad, eficacia y su credibilidad.

"Todos los hombres y mujeres que creemos en él, esperamos esta decisión (de admisibilidad), que puede ser histórica y dar vitalidad a la justicia internacional", afirmó.

El procurador general solicitó al Estado colombiano que tome las medidas para investigar de manera imparcial y exhaustiva los hechos, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de la "ejecución extrajudicial" de la víctima.

Pidió, además, que Colombia proceda a reparar adecuada e integralmente a los familiares de la víctima, por los perjuicios sufridos como consecuencia de la violación de sus derechos, y que presente garantías efectivas de no repetición de los hechos.

García reiteró que Quito no pretende que se juzguen cuestiones de soberanía o de orden interno de los Estados.

El Gobierno ecuatoriano presentó en junio de 2009 una denuncia contra Colombia por la muerte de Aisalla, porque alega que Bogotá violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Quito sostiene que Aisalla falleció en "una ejecución sumaria en territorio ecuatoriano por parte de un Estado extranjero", dado que los peritajes han determinado que falleció por golpes repetidos en la parte posterior de la cabeza.

Colombia reiteró hoy que Aisalla murió como consecuencia del bombardeo contra el campamento del terrorista de las FARC "Raúl Reyes", que se encontraba allí en el momento de los hechos.

Resaltó que el informe pericial de necropsia estableció que el ecuatoriano falleció por "lesiones por elementos explosivos y penetrantes que comprometieron el cráneo, las estructuras encefálicas y vísceras torácico-abdominales".

"Estos hallazgos no dan cabida a otra interpretación", enfatizó.

El embajador de Colombia aseguró que Bogotá "no tiene ningún problema con el hermano Ecuador, sino con un grupo de asesinos, narcotraficantes, terroristas y secuestradores llamados las FARC".

Recordó que el campamento era utilizado para labores de coordinación y mando de fuerzas terroristas y desde allí se planeaban y ordenaban acciones contra la población civil colombiana.

"Por lo tanto, era un objetivo militar legítimo y la operación se enmarca en las reglas del Derecho Internacional Humanitario", dijo.

Para el Gobierno colombiano, la Comisión no tienen competencia para declarar infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y Hoyos explicó que existen escenarios adecuados y competentes para juzgar el caso.

Señaló que se retiraba de la audiencia en el descanso y que su Gobierno responderá por escrito a las peticiones y comentarios que haya por parte de la CIDH y de Ecuador.

El procurador general de Ecuador respondió a esta acción manifestado su sorpresa y también su desaprobación.