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Las esposas de Prenafeta y Alavedra dicen que les obedecían

El juez Garzón las deja en libertad pero las mantiene imputadas en el caso Pretoria

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Las esposas de los ex dirigentes de CiU en prisión por el caso Pretoria prácticamente coincidieron en su declaración ante el juez Baltasar Garzón. Tanto Doris Malfeito como María Lluïsa Mas aseguraron que hacían lo que les decían sus maridos, respectivamente, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Las imputadas aseguraron al magistrado que desconocían los negocios de sus maridos, aseguraron fuentes jurídicas.

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor no solicitó ninguna medida cautelar para ellas. No en vano ninguna figuraba en su petición de ampliación de imputados. Pese a ello, el juez Central de Instrucción número 5 les imputa un delito de blanqueo de capitales, por presuntamente ayudar al que fue secretario de la Presidencia de los gobiernos de Jordi Pujol y al ex conseller de Economía a 'purificar los beneficios de las actividades presuntamente ilícitas' de ambos y aparecen vinculadas a alguna de sus sociedades.

Tanto Alavedra como Prenafeta se encuentran en prisión desde el pasado 30 de octubre por el caso Pretoria. Sus esposas salieron mejor libradas, aunque, sobre todo, a Doris Malfeito se la vio abandonar la Audiencia Nacional visiblemente afectada por lo sucedido y el gran número de medios que la esperaba.

Tanto ellas como los otros tres imputados negaron los hechos que se les imputan. Genís Carbó, director del Plan Metropolitano de Barcelona entre 1995 y 2004, declaró a los medios de comunicación que le había explicado al juez que cobró 244.000 euros de Niesma Corporació 'en concepto de honorarios profesionales'.

Carbó está acusado de cohecho. En el auto de imputación figura que recibió ese dinero para dar 'cobertura legal' a la modificación urbanística con la que el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres permitió los beneficios que con la operación Niesma recibieron algunos de los implicados.

La Fiscalía tampoco pidió medidas cautelares para él ni para Manuel Valera y Lluís Falcón. El primero es hombre de confianza del principal imputado en la causa, el ex diputado del PSC Luis García, Luigi, y fue administrador solidario de su sociedad, Niesma Corporació.

Falcón es arquitecto municipal de Santa Coloma de Gramenet y se le acusa de haber adoptado decisiones que propiciarían la ejecución de operación Pallaresa, con la que las arcas municipales dejaron de ingresar 13 millones de euros. Garzón le imputa asociación ilícita, fraude y exacciones ilegales.

Su abogado, Sebastià Martínez Ramos, anunció que pedirá el archivo de las actuaciones respecto a su cliente, porque, a su juicio, ante el juez ha aclarado que no participó en los hechos.

Con la segunda tanda de imputados de la operación Pretoria Anticorrupción ha sido más reticente a la hora de solicitar medidas cautelares, igual que ocurrió en el caso Gürtel. Y las medidas del pasado 30 de octubre se han suavizado, al menos para el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que este jueves pagó la fianza de 200.000 euros que el juez le impuso para poder ser excarcelado.

Las declaraciones de imputados continuarán mañana con la declaración del ex gerente del Institut Català del Sól (Instituto Catalán del Suelo) Emili Mas. La que no comparecerá será Josefina Calvet. El abogado de la madre del ex alcalde de SantaColoma ha alegado padecer alzheimer y su avanzada edad para no acudir hoy a la Audiencia Nacional.