'Es una vergüenza que las guarderías no sean gratuitas'. '¿A ningún político se le ha ocurrido que el coste de las residencias de ancianos es inasumible para una familia media?'. '¡Cualquiera tiene hijos con las pocas ayudas que tenemos. ¿Has visto a los holandeses?' Frases como estas son usuales en las conversaciones sobre los servicios que tienen otros países europeos.

El ministro de Fomento, José Blanco, lanzó el debate. El que algo quiere, algo le cuesta, vino a decir cuando hace quince días aseguró que 'los españoles tendrán que pagar más impuestos si quieren tener las prestaciones de los europeos' y esgrimió los datos de la diferente presión fiscal respecto a nuestros socios europeos.

La Unión Europea lleva años tratando de armonizar la fiscalidad

Los últimos datos de la Comisión Europea, de 2008, muestran que impuestos y cotizaciones sociales representan en España el 33,1% del PIB, mientras en Europa son el 39,7%, lo que supone 6,6 puntos menos. Las arcas públicas españolas deberían recaudar unos 66.000 millones más para llegar a la media de sus vecinos, y poder financiar unas prestaciones y servicios equivalentes. La brecha, además, se ha ampliado de manera excepcional en 2009 (a causa de la crisis) y ya alcanza 8 puntos porcentuales.

¿De dónde vendrán los recursos? Ya sea por acuerdo en el seno de la UE o por simple filtración de fronteras, parece claro que los nuevos impuestos españoles tendrán mucho que ver con los que aplican los países comunitarios.

Una de las corrientes que apunta como fuente de ingresos es la que gravaría a los 'culpables' de la crisis. El déficit en el que han incurrido los estados se debe, aunque no es así en España, al dinero aportado para rescatar a las entidades financieras. La idea de que estas deben colaborar ahora para restablecer el equilibrio fiscal se ha convertido en objeto de análisis en todos los países. De momento, sólo Alemania ha dado el paso. Esta semana se convirtió en el primer país que ha aprobado un impuesto a la banca de entre el 5% y el 15% de los beneficios, por el que espera recaudar unos 1.300 millones de euros. El Gobierno de Angela Merkel quiere llevarlo ahora a Bruselas, para que todos los países de la UE se sumen. Francia y Reino Unido secundan la idea.

Los impuestos ecológicos y de salud, los que más recorrido tienen

En esta línea de gravámenes financieros, Alfredo Serrano, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide y miembro de la Fundación CEPS, sugiere figuras como un impuesto a las transacciones financieras en función del volumen del capital. 'Esta tendría mucha legitimidad de cara a la población, ya que lo que se gravaría serían los capitales que se mueven por el mundo en busca de beneficios fáciles y rápidos', explica.

Hay otros ámbitos. 'La legislación fiscal se ha enfocado, incluso antes de la crisis, en dos grandes corrientes: la ecología y la salud', explica Yolanda García, profesora de Derecho Financiero de la Universidad de Málaga. En esa línea está el impuesto sobre el cambio climático o sobre el consumo energético en la industria y en el comercio. También el intento de gravar las emisiones de carbono de Sarkozy o la idea de Angela Merkel de gravar con un impuesto especial a las nucleares que aumenten su periodo de funcionamiento.

Hay otros impuestos que la UE quiere extender, como la llamada Euroviñeta, para que los transportistas paguen por el uso de las infraestructuras. Blanco lo ha puesto sobre la mesa, aunque quiere que su aplicación venga apoyada por un acuerdo de los grupos parlamentarios.

Los ciudadanos aprueban los gravámenes a los especuladores

El sistema fiscal español también se puede mirar en el espejo de sus socios europeos, que tienen tributos muy diversos con un propósito no sólo recaudatorio, sino también penalizador (como los impuestos sobre el tabaco o sobre otros productos perjudiciales para la salud). Si se pretenden más ingresos, según Alfredo Serrano, 'hay margen de actuación. Y ni siquiera se necesitan instrumentos super novedosos', asegura.

Según este experto, lo más fácil es apostar por los impuestos directos clásicos que son los que tienen mayor poder de recaudación. 'Sería suficiente con volver a la antigua estructura del IRPF, con más tramos que aseguren la progresividad y graven más a los que más ganan', asegura. También aboga por recuperar el Impuesto de Patrimonio y sus casi 2.000 millones de euros anuales de ingresos o modificar el tratamiento fiscal de las sicav (vehículos de inversión de los ricos gravados al 1%).

También hay margen de subida en los impuestos indirectos. España tiene los gravámenes más bajos de IVA (pese a la subida de julio) y de los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol, principalmente) marcados en la normativa comunitaria. 'La Unión Europea lleva años tratando de armonizar la fiscalidad de sus socios, pero los países son muy reacios a ceder soberanía en este sentido', explica Yolanda García. Tal vez no guste esta imposición externa, pero está claro: en momentos difíciles es la excusa perfecta. La ministra de Economía, Elena Salgado, justificaba el último incremento del impuesto de hidrocarburos para transportes ligeros en 2,9 céntimos de euro por litro, señalando que 'es un paso hasta llegar al mínimo que exige Europa antes de 2012'.

Pero la subida de impuestos no tiene por qué ser la única alternativa para cuadrar las cuentas públicas. Muchas voces aseguran que las cuentas podrían salir sólo con incrementar la lucha contra el fraude fiscal. 'Sólo después de hacerlo se sabrá si realmente se necesita subir o no los impuestos en España', apunta Jaime Ena, fiscalista del despacho Albiñana & Suarez de Lezo. En este campo, Alfredo Suárez apunta la utilidad de los impuestos presuntivos' sobre las empresas. 'La administración define por adelantado lo que debe pagar la empresa y lo recauda directamente. Luego es la empresa la que debe encargarse de justificar si esa cantidad se ajusta o no a la actividad real de la compañía y solicitar la devolución'.