Publicado: 26.11.2014 00:00 |Actualizado: 26.11.2014 00:00

El exmarido de Mato y otro alcalde de la Gürtel ahorraron al PP 237.000 euros

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Al Partido Popular de Mariano Rajoy le ocurre lo mismo que a su recién dimitida ministra de Sanidad, Ana Mato: deberá sentarse en el banquillo en el juicio penal por la trama de Gürtel como responsable civil por ser partícipe a título lucrativo de la trama corrupta y beneficiarse de 237.000 euros.

Así ocurrirá de prosperar el auto dictado por el juez central 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que este miércoles cerró la instrucción de la parte troncal del caso Gürtel y que afecta a los negocios de esta organización con administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, Estepona (Málaga) y Castilla y León durante la primera etapa de la trama, entre 1999 y 2005.

El PP no es citado por haber cometido delito penal alguno, sino por lucrarse de los delitos de dos de sus alcaldes. Ruz acusa a esta formación política de haberse beneficiado de la trama al ahorrarse el coste de las campañas electorales de 2003 de Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, candidatos a las alcaldía de Pozuelo y Majadahonda (Madrid).

En concreto, la trama Gürtel pagó con dinero negro las campañas electorales a la alcaldía de Sepúlveda, que costó 111.864,32 euros, y de Ortega, que fue financiado por la trama con otros 125.000 euros.

El auto cumple con la jurisprudencia y detalla el total de este lucro: 236.864,32 euros, que es el dinero supuestamente con el que se benefició el PP y del que deberá responder este partido. El auto de transformación en procedimiento abreviado es el paso previo para que Ruz dicte el auto de apertura de juicio oral, auto que se dicta una vez recibida las conclusiones de la Fiscalía, las acusaciones y las defensas presentes en el caso.

El auto recuerda que el PP tuvo que tener conocimiento de estos gastos pues dejó de pagar este dinero de las campañas electorales de ambas localidades, circunstancia que ha sido confirmado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto que dictó el pasado 11 de noviembre en respuesta al recurso interpuesto contra otro auto de Ruz del 29 de julio.

El juez Ruz concluye que el Partido Popular deberá responder como partícipe a título lucrativo de este dinero pagado con la caja B de la trama. Así lo ordena el artículo 122 del Código Penal, que establece que el responsable civil está obligado a la restitución del dinero o el resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.

Ruz califica como "receptadores civiles" de los negocios de la trama al propio PP, Ana Mato y Gema Matamoros, esposa de Ortega.

Tanto la formación política como la ahora exministra y Matamoros deberán designar procurador que los represente y un abogado que los defienda, además de sentarse en el banquillo cuando se abra juicio oral como responsables civiles aunque no tengan responsabilidad penal.

Existen precedentes de responsables civiles a título lucrativo que se han sentado en los juicios penales. Así ocurrió la semana pasada en un juicio por información privilegiada que celebró la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. Además, los herederos del padre del cerebro de Gescartera, Antonio Camacho, se sentaron en el banquillo, al igual que ocurrió con responsables civiles en el juicio de Caixa Penedés celebrado en mayo pasado.

Francisco Correa y Pablo Crespo, los líderes de la organización Gürtel, lideraron un "entramado societario dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones gobernadas por el Partido Popular -bien para sus empresas bien para terceros-, mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esas contrataciones", recuerda el auto de Ruz.

El juez concluye además que 3 de los 4 extesoreros que ha tenido el PP en su historia forman parte de la red Gürtel, organización que era "un grupo jerarquizado y con una estrategia coordinada". Son los casos de los extesoreros Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís.

El cuarto extesorero del PP es Rosendo Naseiro, cuya implicación en un escándalo de financiación ilegal del partido en 1990 fue archivada después de que el Tribunal Supremo anulara las pruebas obtenidas en fase de instrucción.