La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez de Sevilla que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que confirme las fianzas por importe total de 4.715.655 euros impuestas a un primer grupo de 16 imputados.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la Fiscalía se ha opuesto a los recursos de los imputados porque entiende, como hizo la juez, que cobraron dinero público "con pleno conocimiento de su ilicitud".

La casi totalidad de los imputados han recurrido ante la misma juez de instrucción 6 de Sevilla excepto Rafael Rosendo, exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), quien lo ha hecho directamente ante la Audiencia provincial, donde ha alegado que nada más conocer su imputación consignó ante notario la cantidad percibida.

La juez Mercedes Alaya impuso fianzas al primer grupo del centenar de intrusos detectados en los ERE y ayudas sociolaborales de la Junta, pertenecientes a las localidades sevillanas de Camas y El Pedroso y a los perceptores de diversas empresas.

Entre ellos, situó la fianza en 1.990.689 euros para la dueña del restaurante sevillano Río Grande, María del Carmen García Sánchez, a la que hizo responsable del total de la prima abonada por la Junta para el ERE de su empresa, en la que además se incluyeron a dos mujeres que no tenían derecho a prestación.

Según la juez, "por su condición de empresaria" tenía un mayor grado de responsabilidad "por su mayor capacidad de actuación y de decisión, no solo para lucrarse a si misma sino a otras personas, y por su interrelación con el resto de actores de la trama".

Respecto a Rafael Rosendo, la juez le impuso una fianza de 146.770 euros por las prestaciones recibidas indebidamente, si bien precisó que en el futuro podría decidir nuevas medidas cautelares por "su presunta implicación en el favorecimiento del grupo empresarial de su hijo" mientras era alcalde.

Su abogado ha recurrido directamente ante la Audiencia argumentando que desde el primer momento quiso devolver lo percibido y colaborar, a diferencia de otros imputados.

La fianza ha causado "desazón" a su cliente, dice el letrado en su recurso, pues su actitud "no ha servido para nada" ni para merecer un "trato judicial distinto de quien no ha devuelto nada", como han hecho casi todos los demás imputados.