La Fiscalía ha retirado su acusación contra el padre Román M.V.C., para el que pedía inicialmente la pena de nueve años de cárcel por supuestos abusos sexuales a un menor desde 2004 a 2007, y ha pedido la libre la absolución para él en la última sesión del juicio del llamado caso Romanones.

La Fiscalía, que considera que no han quedado acreditados los hechos. atribuía al padre Román un delito de abuso sexual continuado agravado por el resultado de acceso carnal, por el que, además de los nueve años de cárcel, solicitaba prohibición de aproximarse a la supuesta víctima a menos de 100 metros y de comunicarse durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, pedía que el acusado indemnice a la víctima en 50.000 euros por daño moral.

La causa se inició cuando un joven que ahora tiene 27 años puso los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco. La acusación particular que representa al denunciante ha mantenido la petición de 26 años de cárcel aunque con modificaciones técnicas. 

También han mantenido su acusación la acción popular, ejercida por la Asociación Prodeni, que atribuye al acusado un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal.

Pide para él la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por 15 años, privación de residir en el lugar en que resida la víctima por 15 años y prohibición de aproximarse y comunicarse con ella durante también 15 años, así como una indemnización de 75.000 euros por daño moral. La defensa solicita por su parte la libre absolución y ha reclamado la anulación del expediente canónigo.

El fiscal encargado de la causa, Francisco Hernández, ha explicado que "no hay manera de acceder a la verdad sin hacer daño" y ha dicho que pese que "hemos creído hasta este momento" al denunciante, al que ha deseado la mejor de las suertes en su vida, debe retirar los cargos contra el sacerdote.

Ha recordado que pese a los años transcurridos desde los hechos denunciados y desde la denuncia, el Ministerio Público buscó los cauces para mantener la investigación porque existían testificales que "permitían" buscar elementos "periféricos" para sustentar la petición inicial de nueve años de cárcel.

"No sólo juzgamos a una persona, también todo el sistema de garantías", ha subrayado el fiscal, que ha recordado que no se puede condenar sin pruebas por una "verdad declarada" pese a la "gran frustración" que pueda provocar y ha recalcado que la petición ahora de una sentencia absolutoria por parte de la Fiscalía se produce de manera colegiada.

"Sin la penetración anal no hay juicio, porque los hechos estaban prescritos en la fecha de la denuncia", ha argumentado el Ministerio Público, que ha apuntado que el "juego de fechas" y el paso de los iniciales "toqueteos" a la penetración impiden considerar probados los hechos. "Ante las contradicciones, la actitud del denunciante es de huir", ha expuesto el fiscal, que ha incidido en la exageración en la participación del acusado en los hechos y las incoherencias en las testificales.

Durante una intervención de más de una hora, el fiscal ha mantenido que es "difícil" creer a alguien que dice que tiene aversión a los sacerdotes pero que se introduce en el Opus Dei, elementos que suponen una "contradicción grave", y dicho que "no es lo mismo decir que te dan besos en la boca que que te están violando, que te están penetrando". "No puedo decirles lo que ha pasado, la relación entre Román y el denunciante, si hubo abusos o penetraciones", ha resumido antes de apuntar que no se puede definir si "hubo relaciones o una conspiración del Opus".