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Garzón se inhibe en favor de los TSJ de Valencia y Madrid

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió el jueves en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia para que continúen instruyendo el caso Gürtel, al encontrar indicios de delito en cinco aforados del PP en las dos comunidades autónomas.

En el caso de Valencia, se trata del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del secretario general del PP en Valencia y diputado autonómico, Ricardo Costa.

En el de Madrid, los aforados son: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco; y Alfonso Bosh, los tres diputados regionales, a los que relaciona con los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad.

lo que da un total de 43 -, entre las que están los alcaldes de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda, respectivamente, por los posibles delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo.

Los otros cuatro son: Tomás Martín, cargo de confianza del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo Gómez Panero, también imputado; José Galeote, gerente del Consorcio Deportivo de la zona noroeste de Madrid; Ricardo Galeote, ex concejal popular en la localidad malagueña de Estepona; y Carlos Clemente, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, cesado en octubre de 2008.

En Valencia también imputa a Rafael Betoret, actual jefe de gabinete de la consejería de Turismo, y a José Víctor Campos, que fue secretario de Organización del PP valenciano hasta las elecciones autonómicas de 2007, de los que dice que podrían ser autores de los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

La primera reacción del PP, que se ha querellado contra el juez por prevaricación, provino de la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría.

"No conozco los autos, pero sí conozco la trayectoria del autor de estos autos, y como conozco la trayectoria del autor, permítame que ponga en cuarentena cualquier decisión del juez Baltasar Garzón", señaló en la sede del partido en Madrid.

"DINERO DE PROCEDENCIA DESCONOCIDA"

Garzón afirma que existe "una entrada de procedencia desconocida" de 420.700 euros hacia el PP de Valencia; un apunte de entrega de 15.000 euros al mismo partido "procedente de la Caja B de Orange Market"; y que el pago de gastos por la organización del congreso regional de 2002 se realizó "aparentemente, con dinero de procedencia A y B, entendiendo por dinero B fuera del control fiscal y efectivo".

Además, recoge un cuadro de pagos de un informe policial según el cual Camps habría recibido 12.783 euros; Costa, 7.325; Campos, 4.850; y Betoret, 9.950 euros, en todos los casos en especie, por trajes en tiendas de lujo.

"Se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al Sr. Camps, haciendo aparecer en las mismas, como se dirá, conceptos falsos", dijo en el auto.

Ricardo Costa, en su primera reacción al auto, afirmó que el PP insiste "en la absoluta negación de las acusaciones, que son infundadas".

En el caso de Madrid, dice que Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción que se está investigando, se hizo con la confianza y obtuvo los apoyos de los seis nuevos imputados y de otros responsables locales.

"El grupo liderado por Francisco Correa llegó a gozar en la contratación de este tipo de eventos de una situación próxima al monopolio", indicó, y agregó que "también entraron en un sector como el de la construcción de alto nivel especulativo".

"Una vez obtenida la empresa interesada en el negocio, acordar una comisión a repartir entre los participantes incluidos los responsables políticos y él mismo", dijo en el auto.

Respecto a los tres diputados regionales, recoge un cuadro de un informe policial en el que se detallan los pagos que presuntamente habrían recibido como comisiones: un total de 563.000 euros para López Viejo, 437.166 a Benjamín Martín Vasco y 250.562 a Alfonso Bosch.

"RELACIÓN DIRECTA CON RESPONSABLES DEL PP"

una de las tres personas que ha enviado a prisión por este caso - el líder de un grupo organizado de personas y empresas "cuya principal finalidad (...) como mínimo en los últimos 10 años, fue (...) la realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende de fondos, en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia".

"La organización dirigida y creada por Francisco Correa se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional (...) y que convirtieron a su empresa Special Events en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política", asegura Garzón en los autos.

Entre 1996 y 2004, Correa "desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del Partido o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Francisco Correa en la Administración que gobernaban".

Para ganarse el favor de los responsables políticos les entregaba dádivas de todo tipo, dinero en efectivo, regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos, señaló el juez.

A partir de 2004, los cambios en la dirección del PP modifican la situación y hacen que se desvincule de las empresas de Correa, por lo que se traslada a Valencia con Álvaro Pérez Alonso, que había organizado eventos para el partido a nivel nacional, y su sociedad Orange Market fue la adjudicataria de varios actos del PP en la Comunidad Valenciana, afirmó.

Según Garzón, Correa obtuvo eventos, concesiones y contratos con el Partido Popular a nivel nacional y luego, en Madrid y Valencia, así como en los ayuntamientos de Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, en Madrid, o, también en Comunidad de Castilla León.

El juez quería remitir el caso al Tribunal Supremo pero la Fiscalía no lo consideró necesario, supuestamente al no hallar indicios contra aforados a nivel nacional.