El juez Garzón investiga un convenio urbanístico en Arenys de Mar (Barcelona) con el que el presunto cerebro de la trama de corrupción destapada en Cataluña, Luis García, preveía construir una promoción de viviendas, mientras CiU y PP han pedido que el gerente del Incasòl comparezca en el Parlament.

Mientras, Caixa Catalunya ha encargado una auditoría para revisar todos sus proyectos con la inmobiliaria Espais, presidida por el imputado Lluís Casamitjana, en la que se analizará la participación de su inmobiliaria Procam en el "pelotazo" de Badalona (Barcelona) que investiga la Audiencia Nacional.

Según ha explicado a Efe el concejal Xavier Febrer, en funciones de alcalde accidental en Arenys de Mar (Barcelona), Baltasar Garzón requirió la semana pasada los expedientes del convenio urbanístico con el presunto cerebro de la trama de corrupción, Luis García, para construir una promoción de viviendas.

Xavier Febrer ha explicado que el ayuntamiento, dirigido por PSC, ERC e ICV, ayer mismo ya envió la información solicitada.

Esa operación urbanística investigada por la Audiencia Nacional se concretó durante la época en la que el ayuntamiento era gobernado por CiU y PP y el jefe de Planeamiento del consistorio era Genís Carbó, ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat y al que Garzón cita en su auto por haber cobrado 244.011 euros de Luis García a raíz del "pelotazo" de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

En concreto, dicha operación se basó en un acuerdo entre Luis García (Luigi) y la congregación religiosa de Villa Betania, por el que el empresario imputado se comprometía a ampliar la residencia católica a cambio de la titularidad de una finca edificable.

Asimismo, Caixa Catalunya ha encargado una auditoría para revisar todos sus proyectos conjuntos con la inmobiliaria Espais, presidida por el imputado Lluís Casamitjana.

Fuentes de esta entidad financiera han anunciado hoy a Efe su decisión de auditar todas las operaciones con Espais.

Según el auto de Garzón, por esa operación de compraventa de un solar en el puerto deportivo de Badalona, Procam y Espais pagaron presuntamente 1,4 millones de euros en comisiones en el año 2004 a Luis García, así como a los también encarcelados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

Uno de los responsables de Procam era entonces Eduardo Aznar, que actualmente es director general de la inmobiliaria de Caixa Catalunya, y que también está imputado por el caso Terres Cavades, de supuesta corrupción urbanística en Tarragona.

En el terreno político, CiU ha pedido la comparecencia en el Parlament del gerente del Incasòl, Emili Mas, una petición secundada también por el PP, que ha requerido además que dé cuentas en la cámara catalana el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal.

Emili Mas aparece citado en el auto del juez Garzón por participar en reuniones con el alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, y Luis García, que derivaron en la elaboración de facturas falsas para desviar 1,3 millones de fondos de la UE.

Por otro lado, Santa Coloma de Gramenet lleva ya ocho días sin su alcalde, detenido por estar implicado presuntamente en la trama de corrupción urbanística.

La dirección del PSC y alcaldes metropolitanos consultados por Efe siguen viendo al presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, como la persona idónea para asumir la alcaldía de Sant Coloma, una cuestión a la que, según fuentes cercanas a Fogué, éste se resiste, aunque se ha puesto a disposición del partido.

Según fuentes socialistas, la decisión sobre quién será el relevo de Muñoz está en estos momentos en manos del presidente de la Generalitat, José Montilla.