Trabajo extra para la Agencia Tributaria. Una reciente sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC, el órgano del Ministerio de Economía y Hacienda que resuelve, antes que los tribunales de justicia, los conflictos fiscales) va a obligar a la Administración a revisar un gran número de actas levantadas en el control de las declaraciones del IVA. El tribunal ha decretado la nulidad de aquellas liquidaciones anuales del impuesto, al considerar que no es válido utilizar el año natural como periodo para liquidarlo. Según la sentencia del TEAC, dictada el pasado 29 de junio, esas operaciones deben hacerse forma mensual (cuando se trata de grandes empresas) o trimestral (para pymes).

Esto obligará a la Agencia Tributaria a rehacer las liquidaciones de IVA que han sido recurridas correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Son unas 20.000 liquidaciones (cada año se recurren unas 6.500 actas), cuyo valor ascendería a unos cientos de millones de euros, según fuentes de la Administración.

Hacienda asegura que el proceso no generará perjuicios económicos para las arcas públicas, porque la mayoría de las liquidaciones recurridas no se ingresan hasta que son resueltas y porque serán elaboradas con el nuevo criterio 'sin que prescriban los derechos' de la Administración. También se están elaborando con el nuevo criterio del TEAC las liquidaciones correspondientes a 2009, aunque sobre estas no hay ningún recurso.

Según Hacienda, el caso se limita a una diferente interpretación técnica y jurídica de un proceso administrativo de control que, si bien aumentará parcialmente la carga de trabajo de la Agencia Tributaria durante los próximos meses y obligará a revisar las aplicaciones informáticas y los procedimientos, es 'perfectamente asumible'. El organismo, que desde mayo dirige Juan Manuel López Carbajo, recuerda que el criterio de liquidación anual lleva aplicándose de forma generalizada desde la implantación del IVA en España en 1986.

La Administración tributaria salió así al paso de las acusaciones del sindicato de inspectores de Hacienda, Gestha, que hoy, 'de forma alarmista', según la Agencia Tributaria, aseguró que la sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Central afectaba a 'cientos de miles de expedientes' y podría provocar un perjuicio de 5.100 millones de euros a las arcas públicas. Gestha aseguraba que corregir esta situación sería 'difícil' por la actual distribución de competencias de la Agencia Tributaria, que concentra la firma de los expedientes en muy pocas personas. Este sindicato reclama que los técnicos tengan también la facultad de firmar expedientes.