El número de particulares en concurso de acreedores ascendió a 268 en el segundo trimestre del año, la segunda cifra más alta de la historia, tras incrementarse el 7,2% en relación con el primer trimestre, aunque bajó un 16,5% respecto al mismo periodo de 2009, cuando se tocó el máximo.

Según se desprende de la Estadística del Procedimiento Concursal publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre abril y junio volvió a aumentar el número de ciudadanos insolventes, mientras que se mantuvo la tendencia a la baja entre las empresas y autónomos que no pueden afrontar sus deudas.

En concreto, 1.243 sociedades y emprendedores tuvieron que acogerse a un procedimiento concursal (antigua suspensión de pagos), lo que supuso un descenso del 9,5% en relación con el primer trimestre y del 13,7% en comparación con el segundo trimestre de 2009.

Las diferencias interanuales arrojan caídas sustanciales tanto en particulares como en empresas, ya que entre abril y junio del año pasado se alcanzaron las cifras máximas de la historia (presentaron concurso de acreedores 321 ciudadanos y 1.441 sociedades o autónomos).

Así, el total de 1.511 concursos de acreedores presentados en los Juzgados en el segundo trimestre de este año bajó un 14,2% respecto a los 1.762 del segundo trimestre del año pasado.

El Registro de Economistas Forenses (REFor) calcula que tras el récord de 2009 este año se mantendrá una cierta tendencia a la estabilización y se presentarán cerca de 5.000 insolvencias de empresas y particulares en los Juzgados.

Esa cifra implicaría una caída de hasta el 15,5% respecto a las 5.922 suspensiones de pagos contabilizadas en todo el ejercicio pasado.

El presidente del REFor, Raimón Casanellas, señaló en declaraciones a Efe que la reducción será mínima entre los concursos de acreedores de ciudadanos por los efectos de la crisis.

"Las insolvencias de particulares siguen siendo muy reducidas en comparación con otros países vecinos", asegura Casanellas, que representa a una parte de los profesionales que se nombran judicialmente para administrar concursos de acreedores.

El REFor considera que los procedimientos concursales de particulares "sí son una solución en el caso de personas que acumulan muchos préstamos personales", aunque recuerda que no sirven para paralizar la ejecución de hipotecas por impago.

Casanellas destaca la inoperancia de la Ley Concursal para resolver los problemas de sobreendeudamiento de particulares, ya que si no llegan a pactos con sus acreedores, el procedimiento se archiva judicialmente y se vuelve a la situación anterior.

"El particular sigue teniendo que hacer frente a las mismas deudas con sus bienes presentes y futuros", declara el presidente del REFor, que recuerda además que estos procedimientos pueden conllevar un coste medio de entre 15.000 y 20.000 euros para una familia en concepto de gastos de procurador, abogado y remuneración de administradores judiciales.

Por tipología de empresas, el 32,3% seguía teniendo en el segundo trimestre del año como actividad principal la construcción y promoción inmobiliaria, mientras que el 20% pertenecían a la industria y la energía, y el 15,1% al sector del comercio.

Por número de empleados, las pymes fueron nuevamente las más afectadas por las suspensiones de pagos, ya que el 81,6% del total de sociedades insolventes tenía menos de 20 asalariados.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía concentraron el 59,6% del total de deudores concursados en el segundo trimestre de 2010.