Italia y Rumanía intensificarán su trabajo conjunto en materia de inmigración para lo que hoy acordaron medidas comunes y pidieron a la Unión Europea que haga un esfuerzo mayor para afrontar los problemas ligados a los flujos intracomunitarios.

Los primeros ministros de Italia, Romano Prodi, y Rumanía, Calin Popescu Tariceanu, trataron de la crisis abierta entre ambos países por un decreto del Gobierno de Roma que prevé la expulsión de ciudadanos de la UE por motivos de seguridad y que afecta especialmente a los inmigrantes rumanos.

Prodi explicó que se intensificará el trabajo conjunto en materia de inmigración, conciliando "la necesidad de seguridad de nuestros conciudadanos, ya sean italianos o rumanos, con el de garantizar el pleno ejercicio del derecho de la libertad de circulación", que es una libertad fundamental de la UE.

Además de acordar medidas para mejorar la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia, ambos políticos esperan que la Unión Europea "movilice lo mejor posible los recursos de que dispone".

"Hemos pedido a la Unión Europea que haga más, pues está claro que para afrontar un asunto como el de los flujos (migratorios) intracomunitarios es necesario que también la UE trabaje a la altura de los problemas que surgen", dijo Prodi.

Los dos políticos han escrito una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en la que piden "nuevas medidas para favorecer la inclusión social de las personas más desfavorecidas, con una atención particular a la comunidad gitana, recurriendo incluso a los fondos estructurales".

Además, demandan medidas para tratar de manera correcta el regreso a sus lugares de origen de las personas que no están en condiciones de vivir en otro país y para reforzar la cooperación entre Estado de origen y destino, "sobre todo en la gestión conjunta de los flujos migratorios", explicó Prodi.

Con esta reunión, desarrollada en un "clima de amistad", ambas partes quieren poner fin a las tensiones de las últimas semanas, tras el asesinato de una mujer italiana presuntamente a manos de un rumano.

Tariceanu presentó una serie de medidas que serán aplicadas "lo antes posible" y que para Prodi son una prueba de la voluntad de Bucarest de colaborar con Roma.

De esta manera, se aumentará el número de agentes de Policía rumanos en Italia, se creará un grupo operativo común entre los dos países, se incrementará la cooperación entre los guardias fronterizos y Bucarest potenciará su red consular en territorio italiano.

Prodi agregó que se acordarán medidas para favorecer la inclusión social de los inmigrantes, se propiciará un mejor conocimiento recíproco y se creará un grupo de trabajo entre diversos ministerios, como los de Educación, Trabajo e Interior, sobre los problemas de la colectividad gitana.

Todo empezó con el brutal asesinato de una mujer, presuntamente a manos de un rumano, tras lo que el Gobierno aprobó con carácter de urgencia un decreto, ya previsto dentro de un "paquete de seguridad", que autoriza las expulsiones de ciudadanos de la UE por motivos de seguridad pública.

El clima de tensión se saldó también con algunos episodios de violencia xenófoba contra ciudadanos de ese país y el pasado viernes comenzaron las primeras expulsiones.

Italia no pretende "hacer expulsiones en masa de nadie", sino que se tratarán de casos individuales, en aplicación de las leyes, señaló Prodi.

Tariceanu dijo que el "paquete de seguridad" que ahora discute el Parlamento italiano "no se dirige contra la comunidad rumana", sino contra aquellas personas que no respetan las leyes.

La delincuencia "no tiene nacionalidad", señaló Prodi, a lo que su homólogo reiteró que la comunidad rumana en Italia está compuesta "por una abrumadora mayoría de gente correcta".