Publicado: 21.11.2013 17:17 |Actualizado: 21.11.2013 17:17

El juez Pedraz amplía la imputación de los exconsejeros de Banco de Valencia y el auditor de Deloitte

Les atribuye un nuevo delito de falsedad contable por las "deficiencias de gestión" en las cuentas de 2009.  La medida afecta también al auditor de Deloitte

 

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado la imputación de los 13 antiguos miembros del consejo de administración del Banco de Valencia y el socio de la auditora Deloitte a los que investiga por supuestas irregularidades en la entidad para atribuirles un nuevo delito de falsedad contable.

La medida afecta, entre otros imputados, al expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; los exvicepresidentes de la entidad Antonio José Tirado y Celestino Aznar; y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer.

Pedraz, que ha adoptado esta decisión en la pieza principal en la que investiga el Banco de Valencia, se ha basado en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) en el que se analizan las cuentas anuales y consolidadas del banco correspondientes a 2009 que el Consejo de Administración aprobó el 29 de enero de 2010 y que el auditor validó en un informe emitido el 1 de febrero de ese año.

El resto de los imputados a los que se amplía la imputación son los exconsejeros Agnes Noguera, Manuel Olmos, José Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra, Pedro Muñoz y Federico Michavila. A todos ellos se les atribuyen delitos societaios, falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal, abusiva y fraudulenta.

En un auto notificado este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 señala que los 14 imputados "deben dar explicaciones sobre la diferencia de cálculo de provisiones existente entre las cuentas aprobadas y revisadas" y los que realizó la Inspección del Banco de España.

Este organismo detectó en 2009, según recogía el informe de la IGAE, "numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmnte, en la toma de decisiones sobre refinanciaciones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones específicas de 177 millones de euros".

A juicio de Pedraz, resulta "pertinente y necesario" ampliar la imputación de falsedad contable al ejercicio de 2010 "en el supuesto de que los cálculos del Banco de España sean los correctos o si existe un error en la cobertura genérica considerada y el efecto negativo en resultados es superior al señalado".

En la causa principal sobre el Banco de Valencia, que el juez Pedraz asumió en junio de 2012 a partir de una querella de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), Pedraz también imputó a las sociedades Deloitte, Bancaja, el operador de banca-seguros vinculado al grupo, Bancaja Hábitat, Bancaja Participaciones, Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Libertas 7, Macomar Inver, Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social, Grupo Bancaja Centro de Estudios, Gesvalmina y Minaval.

Además, el magistrado instructor admitió a trámite otras nueve querellas sobre la concesión de créditos irregulares, entre los que se encuentran los que habría recibido el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.