'Si se confirmara este espionaje a decenas de miles de personas en nuestro país, estas escuchas serían consideradas actuaciones delictivas. Supondrían un atentado al principio de soberanía y un ataque a las libertades', defiende el portavoz de Jueces Para la Democracia, Joaquim Bosch.

En conversación con Público, Bosch ha insistido en que en el caso de que se probasen las escuchas presuntamente practicadas por EEUU a ciudadanos españoles y miembros del Gobierno, además de a millones de ciudadanos italianos o franceses , estas vulnerarían el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, 'lo que encaja con un delito tipificado en el código penal'.

 Bosch:'No es admisible que exista una inmunidad absoluta ante esta vulneración de derechos'

El experto en Derecho Penal Fernando Pamos refuerza la idea de que estas actuaciones 'constituirían un delito de interceptación de comunicaciones, infringiendo el artículo 197 del Código Penal, por lo que podrían acarrear penas de hasta 4 años de prisión. En nuestro país, incluso el CNI necesita pedir permiso a una sala del Supremo', afirma.

'El hecho de que se pueda conocer la identidad de personas, su ubicación geográfica o la duración de las llamadas es una clara vulneración de intimidad si no ha sido autorizado por un juez', asegura Bosch, que también alude a la vulneración del artículo 197: 'El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses'.

'EEUU jamás de los jamases dará los nombres de quienes lo hicieron', afirma Pamos

Ambos juristas coinciden en que, de probarse estas actuaciones 'sin precedentes en nuestro país' la Justicia debería actuar contra quienes perpetraron estas escuchas, pero aseguran que es muy difícil que España abra una investigación al respecto. 'Tienes que ver quiénes son los autores, qué personas físicas lo hicieron, no puedes condenar a una agencia de inteligencia, y te aseguro que EEUU jamás de los jamases dará sus nombres', asegura Pamos. 'Si identificas a las personas y estableces un nexo quizás puedas hacer responsable civil a la Administración norteamericana. En última instancia puedes citar al director de la CIA o de la NSA si entiendes que fueron ellos, pero no habrá juez que lo haga', defiende el experto en Derecho Penal.

Pamos recuerda que el Tribunal de Estrasburgo no es competente para juzgar esta causa: 'Sólo lo sería si se agotaran todas las vías españolas', afirma el jurista, que señala a la Audiencia Nacional como el tribunal responsable de investigar estas escuchas 'si se efectuaron desde el otro lado de nuestras fronteras, y a los Juzgados de Plaza de Castilla 'en el caso de que las escuchas se efectuaran desde pisos francos o incluso desde la propia embajada'.

Tanto Bosch como Pamos señalan a la Fiscalía General del Estado como responsable de impulsar la apertura de una investigación, aunque vaticinan que ésta no actuará. Según Pamos, 'la Fiscalía no lo va a hacer. España no va a actuar contra su principal aliado. Garzón lo impulsaría, pero como lo quitaron de en medio, no van a hacerlo', defiende.

Pamos: 'Garzón impulsaría una investigación, pero como lo quitaron de en medio no van a hacerlo'

Bosch confirma esta idea: 'Entiendo que la Fiscalía tiene que actuar para que se aclaren las circunstancias en las que se han producido estas vulneraciones de derechos, sin prejuicio de que las personas que se han visto afectadas lo hagan. Para las personas sería una opción, pero para la Fiscalía existe una obligación que no existe para los particulares', asegura.

El portavoz de Jueces para la Democracia aboga por una respuesta unitaria de los estados que han sido espiados y se muestra muy crítico con la gestión del Ejecutivo de Mariano Rajoy en relación a este asunto. Este lunes, el Embajador de EEUU en España James Costos se reunió con el secretario de Estado para las relaciones con la UE, Íñigo Méndez de Vigo, en un encuentro de apenas 40 minutos de duración que no ha despejado una sola de las incógnitas que rodean al presunto caso de espionaje, y que se ha saldado con el compromiso del estadounidense de 'trasladar a sus autoridades la preocupación del Gobierno' por el espionaje de la NSA.

'Creo que es una respuesta insuficiente por parte del Gobierno que repite que no le consta que se han producido estos espionajes. Hay que acudir a los documentos que se han filtrado y exigir a EEUU que aclare la certeza o la finalidad de las investigaciones que justifican las vulneraciones que se han efectuado. No resulta aceptable una actuación pasiva del Gobierno cuando se están vulnerando los derechos de miles de ciudadanos' sostiene Bosch, que también alerta del 'peligro' de que la ciudadanía se acostumbre a este tipo de actuaciones.

'Para la Fiscalía existe una obligación de actuar que no existe para los particulares', asegura Bosch

'No es aceptable que la supremacía militar de un país pueda suponer la resignación en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es admisible que EEUU actúe al margen de la legalidad internacional, que exista una inmunidad absoluta ante esta vulneración de derechos', concluye el jurista.

Más de tres meses después de que el extrabajador de la CIA Edward Snowden hiciese públicas las primeras informaciones sobre el presunto espionaje de EEUU, la Administración Obama ha rechazado algunas de las acusaciones de varios de los países espiados, ha esgrimido el 'no me consta' e incluso ha justificado que estas escuchas son necesarias para 'garantizar la seguridad internacional' y 'luchar contra el terrorismo', pero no ha rendido cuentas por espiar presuntamente a los líderes de decenas de países democráticos, ni por escuchar las llamadas de millones de ciudadanos no vinculados a organizaciones terroristas.