Publicado:  19.09.2010 00:10 | Actualizado:  19.09.2010 00:10

¿Cómo le va a afectar la reforma de las pensiones públicas?

 

 

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¿Trabajar más equivaldrá a cobrar menos?

Sí, pero no. Si el cambio normativo implica subir sólo la edad legal de jubilación, el resultado sería que se cobraría la misma cuantía en la prestación al mes que con el sistema actual pero durante dos años menos de vida, lo que quiere decir que en conjunto, una vez jubilados, sí se cobraría menos.

Algunos países han eliminado totalmente la posibilidad de una jubilación anticipada. Sin embargo, los países que han elevado la edad legal de jubilación hasta los 67 han conservado la posibilidad de retirarse antes con unos criterios mínimos, como largas carreras de cotización, o fuertes penalizaciones. Aún no está claro en el caso español, pero se podrían ampliar los colectivos que tienen derecho a la jubilación anticipada, aunque en este caso la edad para acceder a ella subirá probablemente de los 61 años que rigen actualmente para muchos colectivos.

Los sindicatos creen que la posibilidad de subir el periodo de carencia, es decir, que se necesiten más de 15 años para tener derecho a una prestación, sería otra de las medidas más lesivas para los trabajadores. Esta es una posibilidad muy real, ya que ese periodo se ha subido en las anteriores propuestas del Pacto de Toledo.

Esa posibilidad está en discusión. Algunos expertos opinan que lo importante no es la edad legal a la que retirarse, sino incentivar carreras de cotización más largas. En la actualidad, para cobrar la prestación completa es necesario haber cotizado al menos 35 años, que se podrían elevar hasta 38 si prospera la negociación que mantienen PSOE y PP en el Pacto de Toledo, que sigue la estela de otros países como Francia, que lo van a elevar hasta los 42 años. La CEOE es una de las mayores defensoras de esta idea, ya que cree que así se respeta la posibilidad de una jubilación flexible, a la vez que se fomenta una contribución mayor al sistema.

Es una pregunta muy difícil de contestar en genérico, porque prácticamente no hay dos prestaciones por jubilación iguales ya que dependen de las carreras laborales y las bases de jubilación. En cualquier caso, la posibilidad de ampliar el cómputo de los años con los que se calcula la pensión por encima de los 15 actuales, es una de las opciones que más impacto puede tener en la nómina que se recibe para la jubilación. Según un estudio encargado por la propia Seguridad Social en 2007, de ampliarse a 20 años el periodo de cómputo, una pensión media bajaría un 5,54%. A día de hoy (es sólo una aproximación porque una medida así tardaría en estar totalmente implementada por lo menos un lustro) esto supondría un recorte cercano a los 50 euros mensuales en la paga de un jubilado. Si el cómputo llega hasta los últimos 25 años de vida laboral, el recorte puede llegar hasta un 10%, lo que supondría, de nuevo en términos actuales, recortar hasta 90 euros al mes.

No, y hay determinados casos en los que incluso las medidas benefician. Por ejemplo, para los que han sido expulsados del mercado laboral por encima de los 55 años, la posibilidad de coger los 20 o 25 últimos años de cotización podría llegar a mejorar su prestación hasta un 12%. Según algunos estudios, al menos un 25% de la población podría beneficiarse de este tipo de medidas, pero al menos un 65% se ve perjudicada. En el caso de las mujeres, la posibilidad de exigir un periodo mínimo de cotización más largo, dificultaría aún más el cobro de la prestación completa, ya que es muy habitual que se cojan años de excedencia durante la vida laboral.

En principio es un tema del que no se está hablando prácticamente, pese a que es una de las demandas de los sindicatos. Según las centrales, si se eliminan los topes a las contribuciones de las pensiones máximas, los incentivos para contribuir más al sistema mejorarían de forma sustancial. En la actualidad, el tope máximo de cotización está en 3.198 euros mensuales, y a partir de esta cantidad, los cotizantes suelen crear planes de pensiones complementarios para no perder poder adquisitivo.

Ni los pensionistas actuales, ni los que estén a punto de acceder a la jubilación deben preocuparse por estas medidas ya que se hacen con mucho tiempo a la vista y se llevarán a cabo de forma gradual. Por lo pronto, la jubilación a los 67 años sólo sería obligatoria en 2025 y empezaría a aplicarse una subida gradual probablemente desde 2013. En definitiva, comenzaría a afectar, ligeramente, a los nacidos a partir de 1949, y de forma plena a las generaciones nacidas a partir de 1958. En el caso de que se decidiera ampliar los periodos cotizados, serían aquellos que se han incorporado al mercado laboral después de los 27 años los que verían más prolongada su edad de retiro, así como los que han estado varios años en desempleo o excedencia.

La reforma de las pensiones de viudedad era un punto fuerte de las recomendaciones del Gobierno, que ha perdido fuerza por la polémica con la edad de jubilación. Por ahora, las propuestas estaban encaminadas a proteger a las mujeres que no han cotizado y que se quedan desprotegidas en caso de ruptura familiar. En cambio, aunque se ve la necesidad de repensar la pervivencia de la prestación de viudedad cuando los dos cónyuges trabajen, entienden que la incorporación de la mujer es demasiado reciente en España y posponen el debate para más adelante.

La principal novedad puede ser la propuesta de que coticen en relación con el rendimiento de su actividad, de forma que en años de crisis no se exprima al autónomo, pero que en épocas de bonanza no pague por debajo.

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