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Les Corts Valencianes del PP piden a Soria el cierre "definitivo" de Castor

El acuerdo, aprobado por unanimidad, alega que si se retoma la actividad en el almacén de gas no hay "ninguna certeza" de que no se vuelvan a repetir los terremotos

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El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno 'el cierre definitivo y permanente' del almacén subterráneo de gas Castor, así como su posterior desmantelamiento, ante la inseguridad que genera.

El texto aprobado advierte de que si se pone de nuevo en funcionamiento la planta, que cesó su actividad desde el 26 de septiembre, no hay 'ninguna certeza ni seguridad de que no se volviesen a producir terremotos ni se pudiese garantizar la seguridad ciudadana'.

Así consta en una enmienda transaccional que han firmado los cuatro grupos parlamentarios tras una proposición no de ley presentada por el PP y sendas enmiendas de Compromís y EUPV. En el texto, el parlamento autonómico también insta al Consell a que, en caso de comprobarse posibles negligencias en la tramitación del proyecto, 'se exijan y depuren todo tipo de responsabilidades, tanto a la empresa concesionaria como a las autoridades que participaron en la resolución que autorizó el mismo'.

Las inyecciones de gas en el almacén subterráneo ubicado en el Delta del Ebro están relacionadas con los seísmos que desde hace más de un mes se vienen registrando en las costas de Castellón y Tarragona, el mayor de ellos con una magnitud de 4,2.

Tras cesar su actividad, el Gobierno encargó al Instituto Geológico Nacional realizar un informe técnico para determinar el origen de los terremotos y considerar el riesgo de mantener abierta la planta. Ayer, el ministro de Industria, José Manuel Soria, declaró que el documento todavía no está terminado y que sus conclusiones podrán 'servir de base' para la decisión que tome el Gobierno sobre el futuro del proyecto.

Castor, gestionado por le empresa Escal UGS (propiedad de ACS) esta blindada por una cláusula en el real decreto de su explotación que contempla una indemnización por parte del Gobierno en caso de cierre, incluso si eso ocurre por 'negligencia o dolo' de la propia compañía. Aunque el Gobierno recurrió más tarde ese punto por considerarlo 'abusivo', la semana pasada el Tribunal Supremo desestimó el recurso.