En su último día en el poder, el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, negó hoy la extradición a Italia de Césare Battisti, condenado por cuatro asesinatos, y legó un posible conflicto diplomático a su sucesora, Dilma Rousseff.

La polémica decisión, que había sido condenada de antemano por Italia, fue anunciada por el canciller Celso Amorim, quien aseguró que está "a tono" con la Constitución, con tratados internacionales sobre derechos humanos y con el convenio de extradición con Italia, y que fue tomada con base en una opinión de la Abogacía General.

Así como rechazó la entrega del ex activista de izquierdas a la Justicia italiana, el hasta hoy presidente brasileño le otorgó al ex activista de izquierdas italiano el estatus de "asilado político".

Lula, que demoró poco más de un año para manifestarse sobre el caso, le entregará el poder mañana a Rousseff, quien tendrá así que resolver un posible conflicto con Italia, que Amorim consideró que "no tiene por qué" ocurrir.

"Brasil tomó una decisión soberana", indicó el ministro, quien no precisó la razón en que se fundamenta la decisión.

El caso, sin embargo, está lejos de resolverse, pues deberá volver al Supremo Tribunal Federal, que está en receso hasta el próximo febrero, y ahora deberá considerar si la decisión tomada por Lula está ajustada al orden jurídico nacional e internacional.

El Supremo también deberá decidir si Battisti es liberado de la prisión en que se encuentra en Brasilia o si permanece detenido hasta que la corte se pronuncie definitivamente sobre el asunto.

La decisión anunciada por Lula, quien ya había dado indicios de que se pronunciaría en ese sentido, fue protestada este jueves por Italia, cuyo ministro de Defensa, Ignazio La Russa, aseguró que "no "estará exenta de consecuencias" políticas y diplomáticas.

La Russa advirtió que estaría dispuesto a promover un boicot contra los productos brasileños, y el Gobierno italiano, en una nota oficial, se reservó "el derecho a considerar todas las medidas necesarias para obtener el respeto del tratado bilateral de extradición" con Brasil.

Battisti, de 55 años, fue miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), un brazo de las Brigadas Rojas, la banda armada más activa durante la ola de violencia política que sacudió a Italia hace cuatro décadas.

En 1993 fue juzgado en ausencia por un tribunal italiano que lo halló culpable de los asesinatos de dos policías, un joyero y un carnicero, cometidos entre 1977 y 1979, y le condenó a cadena perpetua.

Cuando fue procesado estaba en Francia, donde había obtenido el estatus de refugiado político, pero huyó en 2004, cuando el Gobierno galo se disponía a revocar esa condición para entregarle a Italia.

Battisti fue capturado en marzo de 2007 en Río de Janeiro mediante una operación conjunta hecha por agentes de Brasil, Italia y Francia.

Pese a que había sido negado inicialmente por el organismo oficial competente en esa materia, el Gobierno brasileño le otorgó un polémico estatus de refugiado, lo que llevó a Italia a retirar a su embajador de Brasil durante un mes a modo de protesta.

El estatus de refugiado fue revocado en noviembre de 2009 por el Supremo Tribunal Federal, que además autorizó la extradición del ex activista a Italia en un fallo no vinculante, que dejó la decisión final en manos del jefe de Estado.

Según estableció el Supremo en esa oportunidad, Battisti cometió "crímenes comunes" y no de naturaleza política, por lo que no podía ser considerado víctima de "una persecución" por parte del Estado italiano.

Desde que está en Brasil, Battisti recibió apoyo de numerosas organizaciones de izquierdas, como el Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980 y al que también pertenece Rousseff.

En Italia, por el contrario, hasta el Partido Democrático, la principal fuerza socialista de ese país, le pidió a Lula que "como hombre de izquierdas" le diera luz verde a la extradición de quien definió como "terrorista".