El grupo Marsans, que controla Aerolíneas Argentinas y a su filial Austral, acusó el martes al Gobierno argentino de querer confiscar ambas empresas, después de que una serie de diputados presentaran un proyecto de ley para expropiarlas.

La larga disputa entre el estado argentino y los dueños de la aerolínea de bandera del país se ha encaminado hacia una expropiación en las últimas semanas, tras un proceso que ha incluido desacuerdos en el valor de Aerolíneas y Austral, una intervención de la justicia argentina y amenazas de demandas internacionales.

El viernes pasado, la justicia argentina ordenó la intervención de las dos aerolíneas, sosteniendo que Marsans obstruía la autoridad del gerente general que actúa en nombre del Gobierno, después de que las partes no lograran convenir un precio para las firmas.

"Nosotros entendemos que esto es una expropiación, puesto que no se habla de pagar el precio justo, hablamos también de que es una confiscación", dijo Vicente Muñoz, director corporativo del grupo Marsans en una entrevista con radio Mitre.

Aerolíneas Argentinas y Austral tienen problemas de funcionamiento, están muy endeudadas y desde hace meses, el Estado inyecta fondos para que ambas aerolíneas puedan continuar en operaciones.

El grupo español Marsans adquirió las aerolíneas en el 2001 cuando estaban al borde de la quiebra y advirtió que acudirá a la justicia internacional si el Estado argentino concreta la expropiación.

"Nosotros no podemos consentir que empresas que valen dinero, nos las quiten, se las apropien sin pagar el precio justo", dijo Muñoz.

El grupo español tasó a las aerolíneas en unos 400 millones de dólares (unos 309 millones de euros), mientras que el Gobierno dijo la semana pasada que el valor es "cero".

Según un acuerdo firmado en julio, en caso de que el grupo empresario y el Estado argentino no lograran acordar un precio se debería realizar una tercera tasación independiente.

Pero el Gobierno consideró que el acuerdo había caducado porque Marsans no presentó los balances ni realizó una tasación correcta y decidió impulsar la expropiación para garantizar la continuidad del servicio y de la fuente de empleo, según funcionarios argentinos.