La mayoría de las comunidades autónomas -nueve lo han hecho expresamente- se han pronunciado a favor de aplazar la deuda que tienen con la Administración central, tras la liquidación de las cuentas de la financiación autonómica de 2008, por las que deberán abonar casi 5.503 millones de euros en total.

Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, las autonomías de régimen común -todas salvo el País Vasco y Navarra- deberán abonar esa cantidad en los próximos cinco años, salvo Madrid, única comunidad con saldo positivo y que recibirá del Gobierno más de 15 millones de euros.

La posibilidad de que el saldo de 2008 fuera negativo ya está contemplada en el nuevo sistema de financiación autonómica , que establece un año de moratoria para el pago, 2010, y cinco años para pagar.

Ante esta situación, La Rioja, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, Castilla y León y Galicia han pedido abiertamente una demora en el pago, mientras que Cantabria y Catalunya se inclinan por pagar. Asturias, Aragón y Baleares no tienen definida su posición, según han manifestado portavoces de sus Ejecutivos.

La Generalitat de Catalunya no se plantea pedir un aplazamiento del pago de los 690 millones que le corresponde y se atendrá al calendario previsto. El consejero de Economía y Hacienda de Cantabria, Ángel Agudo, está dispuesto a pagar los 125 millones que debe devolver, y ha recordado que el asunto ya estaba discutido y previsto en el nuevo modelo de financiación.

Más ambiguo se muestra el Gobierno de Aragón, quien reconoce que las leyes están para cumplirlas, aunque si se decidiera ampliar el plazo de devolución 'bienvenido sea', mientras que el consejero de Economía y Hacienda de Asturias, Jaime Rabanal, dice que hará frente al pago, pero que 'estarían encantados' con la otra opción. Su homólogo balear, Carles Manera, opina que, si desde el Gobierno central se plantea el aplazamiento, 'sería favorable' para su comunidad, que, al igual que el resto, tiene dificultades presupuestarias .

Por el contrario, son varios los presidentes autonómicos que se arrogan el abanderar la petición de aplazamiento, principalmente el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la Comunidad Valenciana, Francisco Camps .

Camps considera que el plazo para liquidar puede poner en riesgo al conjunto de las autonomías durante los próximos años, porque les obligará a recortar gastos en políticas necesarias para salir de la crisis. Del mismo modo, la viceconsejera de Hacienda de Canarias, Rosa Rodríguez, cree que la ausencia de prórroga será 'un palo' para las islas y su recuperación económica.

También el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, dice que la moratoria contribuiría a mantener las inversiones para salir de la crisis y a prestar servicios de calidad, mientras que su cobro a partir de 2011 pone en riesgo la estabilidad financiera de las comunidades.

En cuanto a la posibilidad de conseguir ese dinero extra a través de una subida o de nuevos impuestos, ningún Ejecutivo lo asume, si bien desde Aragón el consejero de Economía, Alberto Larraz, reconoce que 'podría estar bien' recuperar algunos o subirlos a las rentas más altas.

La consejera de Economía de Extremadura, María Dolores Aguilar, aprecia que habrá que hacer 'encaje de bolillos' en los próximos Presupuestos y añade que 'aún no está decidido' de donde saldrá el dinero que tienen que devolver.