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El Ministerio del Interior marroquí dice que ya no hay impedimento a la entrada de periodistas

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Fuentes del Ministerio marroquí del Interior aseguraron hoy a EFE que "ya no hay más problemas" a la entrada de periodistas españoles a Marruecos, incluido, indicaron, al territorio del Sahara Occidental.

"No hay más problemas", señalaron sin querer entrar en detalles ni confirmar la supuesta existencia de una circular que, según denunció en noviembre la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), desde finales de ese mes prohibía el acceso a todo periodista español que no residiera en el país.

Fuentes del consulado español de Casablanca, que tiene jurisdicción también sobre Marraquech, apuntaron hoy a EFE que desde noviembre han registrado en esas dos ciudades "diez casos de periodistas" a los que se les denegó la entrada tras registrarse como tales en el control de pasaportes.

Agregaron que aunque desde el consulado "no se tiene constancia" de que existiera una orden escrita que prohibiera el acceso, "todos los rechazados tenían el denominador común de haber dicho que eran periodistas o trabajaban en un medio español".

Ese número de personas se limita a la gente que solicitó asistencia consular en esas dos ciudades, en las que se encuentran los dos principales aeropuertos de entrada al país, por lo que la cantidad total, apuntaron, "podría ser más elevada".

A principios de mes, el portavoz gubernamental y ministro de Comunicación, Jalid Naciri, había asegurado que "Marruecos es un país abierto a la prensa internacional", pero "cerrado ante quienes quieren atentar contra sus intereses o se hacen pasar por periodistas cuando en verdad son activistas".

Con ello se hizo alusión a quienes, según las autoridades, habían intentado entrar como turistas a El Aaiún, ciudad en la que tras el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui el pasado 8 de noviembre se desencadenaron los disturbios más graves en la ex colonia española en casi dos décadas.

La prohibición denunciada por la FAPE nunca fue anunciada oficialmente por las autoridades marroquíes, y a juicio de ese organismo constituía "un grave gesto de discriminación impropio de un buen hacer diplomático, además de un injustificado desprecio hacia las personas por motivos profesionales".