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Los padres piden más tiempo para poder seguir la educación escolar de los hijos

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Las organizaciones de padres CONCAPA y CEAPA piden a los partidos políticos un mayor reconocimiento del valor social de las APAs y una conciliación de la vida familiar y laboral con los horarios escolares que les permita un seguimiento adecuado de la educación de los hijos.

Con vistas a las elecciones generales, CEAPA propone que se apliquen programas de apertura de los centros en horarios y períodos no lectivos.

Esta confederación, mayoritaria en la escuela pública, apuesta por regular los horarios laborales en función de las necesidades de los menores y de los adultos, adelantar la apertura de los centros por la mañana y mantenerla por las tardes.

"Facilitar a las familias la comunicación con el centro, equipo directivo y profesorado, y fortalecer las tutorías, teniendo en cuenta los horarios laborables de los padres y madres" es la petición de CEAPA.

CONCAPA, con presencia en centros concertados, plantea un permiso laboral al trimestre de cinco horas para facilitar la relación de las familias con el centro, el profesorado y el equipo directivo.

Plantea que se compense con "primas" a los representantes de los padres por asistir a los órganos de participación educativa cuando suponga desatender sus obligaciones laborales.

Esta organización pide la extensión de la gratuidad de la educación a todas las etapas no universitarias para facilitar el "derecho a la libre elección de centro" y que no esté limitado por la capacidad económica de las familias.

Reclama la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía, definición y puesta en marcha de un sistema educativo bilingüe para todo el alumnado, revisión del sistema de evaluación y promoción en la ESO y la adecuación inmediata del módulo de financiación de la enseñanza concertada.

CEAPA defiende una escuela científica, única, democrática, gratuita y laica, y que los centros se abran al entorno social en que se ubican, un incremento de la inversión en la escuela pública y un gasto educativo de las administraciones que alcance el 7 por ciento del PIB.

Quiere también que se acabe con la concentración de alumnado inmigrante en determinados centros, impedir que los concertados seleccionen a los alumnos y una mayor participación y formación de los padres.