El secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Michael Mullen, promoverán hoy ante el Senado la anulación de una polémica ley de 1993 que prohíbe a los soldados gays hablar públicamente de su orientación sexual, so pena de ser despedidos.

Tanto Gates como Mullen acudirán a una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado especialmente para defender la propuesta presupuestaria del Pentágono para el año fiscal 2011, que comienza en octubre próximo.

Pero los senadores también tienen apartada una hora de la audiencia para que Gates y Mullen expliquen los planes de la Administración Obama para la eventual anulación de la ley, que prohíbe tanto a los soldados gays y lesbianas divulgar su homosexualidad como a los militares indagar sobre el tema.

En su discurso sobre el Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso la semana pasada, Obama dijo que la eliminación de esa ley será una de sus prioridades este año.

"Este año, trabajaré con el Congreso y nuestro Ejército para finalmente anular la ley que priva a los estadounidenses homosexuales del derecho a dar servicio al país que aman por ser quienes son", dijo Obama en el discurso.

Aunque no se prevé que Gates y Mullen divulguen un propuesta legislativa para lograr ese propósito, ambos podrían presentar ante el Senado los pasos preliminares para la derogación de la ley y varias opciones sobre cómo aplicar la ley actual de forma "más humana", según fuentes del Pentágono.

Se trata de la primera audiencia en el Congreso sobre el tema en 17 años.

La anulación de la ley, conocida en inglés como "Don't ask, Don't tell" (DADT) -algo así como "No preguntes y yo no te cuento"- requerirá, en todo caso, el visto bueno del Legislativo.

Activistas de los derechos de la comunidad homosexual esperan que, a la falta de una nueva política, el jefe del Pentágono al menos se comprometa a no tomar represalias, como despidos, contra soldados cuyas preferencias sexuales sean divulgadas por terceros.

Aun si el Departamento de Defensa propone un plan concreto, lo más probable es que la anulación de la ley conlleve un proceso que dure buena parte del año, según observadores.

Según la Red de Defensa Legal de Miembros en Activo, 644 soldados han sido expulsados bajo la ley desde que Obama asumió la Presidencia en enero de 2009.

Desde que la ley entró en vigor, el total se aproxima a unos 14.000 miembros en activo.

Aparte del trauma para las familias militares afectadas, la ley también ha tenido un alto costo financiero, ya que el despido de soldados homosexuales conlleva gastos multimillonarios, según sus detractores.