La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha asegurado hoy que desde el pasado día 22 ha entrado en vigor una orden dictada por el ministerio marroquí del Interior, que prohíbe la entrada al país a todo periodista español que no resida en él sean cuales sean los motivos del viaje.

La orden, que no ha sido anunciada oficialmente por Rabat, impide el acceso a todo periodista español con independencia de si su interés es personal o profesional.

El periodista vallisoletano Guillermo Sanz que viajó al país de vacaciones ha sido deportado hoy después de pasar una noche en el aeropuerto de Marrakech, a donde llegó acompañado de su novia y un grupo de amigos, según informa en un comunicado la FAPE.

Además, varios periodistas ceutíes intentaron cruzar la frontera marroquí la semana pasada para recoger a familiares y amigos en el aeropuerto de Tánger impidiéndoseles asimismo la entrada por figurar registrados como periodistas, agrega la nota.

A su vez, las periodistas extremeñas Tania Agúndez y Ana Bornay han permanecido un día retenidas en el aeropuerto marroquí de Marrakech por las autoridades del país tras comprobar su profesión, una estancia que inicialmente era turística y que concluyó el pasado sábado, día 27, ha informado a EFE la propia Agúndez.

Agúndez ha señalado que el pasado viernes día 26, llegaron a la ciudad marroquí con el fin de visitar la zona durante cuatro días pero que, al cumplimentar con sus datos personales un documento, las autoridades las retuvieron en el aeródromo citado hasta el día siguiente, cuando salía un vuelo de vuelta hacia España.

Ha agregado que, al comprobar su condición de periodistas, y a pesar de que era fácilmente comprobable que su estancia era turística porque tenían contratado un vuelo de vuelta para cuatro días después y la pernocta en una casa típica de la misma ciudad, las autoridades les retuvieron con la afirmación de que era "lo mejor" para ellas, dada la situación del país.

Acerca del trato, ha explicado que "no ha sido malo" ya que les dieron de comer y no fueron registradas, aunque no les facilitaron información, se les requisaron los pasaportes y se las mantuvo en una sala cerrada con llave.

Por otro lado, en su comunicado, la FAPE considera que esta orden ministerial constituye "un grave gesto de discriminación impropio de un buen hacer diplomático, además de un injustificado desprecio hacia las personas por motivos profesionales".

A su vez, manifiesta en su nota su preocupación por la seguridad de los corresponsales españoles en Casablanca y Rabat, en general, y la de la enviada especial del diario "El Mundo" Ana Romero, en El Aaiún, en particular.

Romero ha sido expulsada de Marruecos y las autoridades consideran que su estancia "representa una amenaza grave para el orden público" por lo que saldrá del país para "salvaguardar" su seguridad, según ha informado la edición digital del diario.

La FAPE también recuerda que hoy ha insistido al Gobierno español que dé muestras de las gestiones que realiza con Rabat para lograr el libre acceso de los periodistas españoles al Sáhara Occidental, como prometió la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, en la reunión que mantuvo el jueves pasado con representantes de esta Federación.