La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca ha presentado hoy una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la paralización las exhumaciones de fosas ordenada por la Audiencia Nacional en la que pide, además, que estudie si la actuación de los magistrados merece sanción disciplinaria.

A la iniciativa de la asociación mallorquina, según ha señalado hoy su presidenta, Maria Antonia Oliver, en declaraciones a los periodistas, se sumarán el resto de 22 organizaciones por la memoria histórica que hay en todo el territorio nacional.

Oliver ha explicado que el objetivo es poner un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional, pero éste no podrá ser presentado hasta que las asociaciones afectadas reciban la notificación oficial de la paralización. Para acordar nuevas medidas, las asociaciones se reunirán el próximo sábado en Barcelona.

En el escrito, la Asociación mallorquina señala que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras recibir un escrito el 7 de noviembre del Ministerio Fiscal en el que se solicitaba la paralización de las diligencias acordadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5, entre ellas, las exhumaciones, debería haberle devuelto ese escrito para que lo presentara ante el Juzgado Central.

Frente a ello, señala la Asociación, "convocó un pleno por el que se acordó la paralización de todas las pruebas que se estuvieran practicando por el Juzgado, incluidas por supuesto las exhumaciones", que en Mallorca estaba previsto practicar en Calvià y Porreres.

"Independiente del grave daño emocional que tal decisión ha causado en los familiares y víctimas de los hechos denunciados -se indica en la queja-, la Sala de lo Penal actuó vulnerando las normas más elementales del proceso penal, creando una situación de inseguridad jurídica histórica".

Concluye la Asociación que la Sala de lo Penal de la Audiencia, ha ignorado "las normas más elementales del proceso penal a sabiendas, en las que para dar una apariencia de legalidad se reunió al pleno, que le siguió en tal actuación", por lo que pide que estudie si ello es merecedor de sanción disciplinaria.

La Asociación reconoce en su escrito que "las normas que regulan la cuestión de competencia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal son confusas" pero sostiene que ello no es óbice para que "los principios fundamentales del derecho procesal se puedan vulnerar de esta manera tan escandalosa".

"No nos encontramos ante un proceso inquisitorio, sino ante un procedimiento acusatorio", se afirma en el escrito de queja, en el que se recuerda que ya la Ley Rituaria de 1882 destacaba el derecho de los ciudadanos a defenderse "pese a costumbres judiciales" o "la impotencia o egoísmo del Estado".

La Asociación mallorquina señala que las exhumaciones son "un tema que levanta muchos sentimientos contradictorios en nuestra sociedad".

A pesar de ello, agrega, "lo que no puede ser es que para tranquilizar a un sector de la sociedad española se vulneren las normas más elementales del derecho procesal, rozando con la prevaricación, dado que damos por sentado que dichos magistrados conocen perfectamente las normas procesales".

"Desconoce este Consejo -continua el escrito- hasta qué punto la actuación de la Sala de lo Penal ha hecho daño a tantas y tantas víctimas que habían depositado su confianza en nuestro sistema judicial. Con esta actuación, lo único que han podido comprobar es que, para ellas, como siempre, no hay justicia, no se las quiere escuchar". EFE