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La Policía investiga a los funcionarios de puertos por delitos en varios expedientes de suelo público

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La policía nacional ha iniciado esta mañana una operación anticorrupción contra funcionarios de la Autoridad Portuaria de Baleares por la supuesta comisión de diversos tipos de delitos en la tramitación de varios expedientes de ocupación de suelo público en varios puertos del archipiélago balear.

A primeras horas de la tarde, la policía llevaba a cabo registros en la autoridad portuaria de Palma, dos oficinas de una empresa privada en la capital balear y Mahón y un domicilio particular, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.De momento no hay detenciones.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, este asunto lo lleva investigando el juzgado de instrucción número 8 de Palma desde hace dos años, y es relativo a varios delitos de corrupción, entre ellos un supuesto amaño en el concurso del Club Marítimo de Mahón (Menorca) cuando Joan Verger presidía la Autoridad Portuaria.

A la sede de la APB, situada en el Muelle Viejo de Palma, han acudido esta mañana efectivos de la policía judicial, de Hacienda y el propio juez instructor del caso, Antoni Rotger, que ha decretado el secreto de sumario. Entre las dependencias registradas está el despacho del actual director de la APB, Ángel Matías.

La operación policial, bautizada con el nombre de "Mar Blau", la llevan a cabo funcionarios adscritos al Grupo de Delincuencia Económica de esta Jefatura Superior de Policía, y están coordinados por el juez de instrucción nº 8 de Palma y el ministerio fiscal.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se investigan presuntos delitos cometidos "al parecer" por funcionarios de la Autoridad Portuaria Balear (APB) con motivo de la concesión a la empresa "Trapsayates" de varios expedientes de ocupación de suelo público en varios puertos de las islas.

En concreto, los delitos serían, en principio, los de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública, estafa y otros.

A primera hora de la tarde se registraban, además de la sede de la APB en Palma, las oficinas de Trapsa en el Puerto de Mahón, las oficinas de la citada empresa en Palma y en un domicilio particular también de Palma.

Según la policía, en el registro de la sede de la Autoridad Portuaria Balear se ha dado cuenta de la actuación a la Delegación del Gobierno y se ha requerido al presidente de la entidad portuaria a que facilite documentación relativa a los expedientes investigados.

En el trancurso de la operación no se ha producido hasta el momento ningún incidente, según ha destacado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Fuentes del caso han indicado a Efe que no se descartan que haya detenciones en esta operación.

En el caso del Club Marítimo de Mahón, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares investiga desde principios del 2009 las irregularidades denunciadas por el anterior presidente del club, Luis Barca Mir, en la adjudicación del concurso para explotar los amarres del muelle de Levante en el puerto de Mahón.

Los hechos objeto de investigación han sido las grabaciones aportadas a la Fiscalía en las que aparecen implicados el ex presidente de Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger, y el director del ente, Angel Matías, que probarían un trato de favor, con la entrega de amarres de Trapsa en el puerto de Palma.

Autoridad Portuaria de Baleares confirmó el 30 de noviembre de 2008 la concesión a la empresa Trapsayates SL para explotar estos amarres muelle, situados entre Cala Figuera y la punta des Rellotge del puerto mahonés por un período de catorce años y diez meses.

El Club Marítimo de Mahón, cuyas instalaciones sociales están ubicadas en esta zona del puerto, había venido gestionando los amarres. La concesión otorgada a la entidad deportiva caducó en noviembre del 2011, pero fue renovada en dos ocasiones, hasta que en septiembre del 2003 Autoridad Portuaria, bajo la presidencia de Joan Verger, convocó concurso para una nueva adjudicación.

De las cuatro ofertas presentadas -Ribera del Puerto, Ocibar, Club Marítimo de Mahón y Trapsayates- fue escogida la de Trapsa, que desde octubre de 2008 contó con un permiso de ocupación temporal, después de que el consejo de administración de Autoridad Portuaria de Baleares eligiese la propuesta de Trapsayates como la solución más ventajosa del concurso.

Trapsa se comprometió a pagar un canon anual de 600.000 euros durante los casi quince años que durará la concesión y una inversión inicial para la mejora de las instalaciones actuales de 2,9 millones de euros.

El Club Marítimo de Mahón se movilizó para seguir gestionando los amarres. Reclamó la anulación de la adjudicación del concurso, mientras que el delegado de Apeam en Menorca, José Ignacio Seguí Chinchilla, solicitó anular el informe de la comisión técnica aprobado por el consejo de administración de la APB. En ambos casos al considerar que el proyecto de Trapsayates incumplía las bases del concurso. Ambas alegaciones han sido rechazadas.