La de este jueves fue una jornada maratoniana en los juzgados de la Via Alemania de Palma, que al cierre de esta edición no había finalizado. Por la mañana pasaron a disposición judicial los tres detenidos y presuntos cabecillas del caso Turismo Jove, tras agotar el plazo de 72 horas posteriores a su declaración y tras pasar tres noches en los calabozos de la Policía Nacional. Y al cierre de esta edición la Policía seguía registrando el domicilio del ex director general de Juventud y coordinador general de NNGG en Baleares, Juan Francisco Gálvez, cuya declaración ante el juez -presumiblemente en calidad de imputado ya que llegó en compañía de su abogado- quedó así interrumpida después de más de tres horas.

El ex jefe de Mantenimiento del Consorcio Turismo Jove, Juan Francisco Gosálbez, y el ex gerente de la entidad pública, Damià Amengual. entraron en los juzgados enmanillados el uno al otro, pero su actitud ante el juez fue totalmente diferente. Mientras que el primero se negó de nuevo a declarar por tercera vez en tres días, el segundo hizo una declaración 'amplia, detallada, y explicando todos los motivos por los cuales considera que su culpabilidad es ninguna', según explicó su abogado, que defiende a ambos imputados en esta trama.

Al final de los interrogatorios, el fiscal pidió prisión incondicional y sin fianza para Gosálbez, y no se pronunció sobre la situación de Amengual. Ambos imputados han pasado la noche en los calabozos del juzgado.
Juan Francisco Gálvez, que el día antes permaneció 15 minutos en la Jefatura de Policía, había sido llamado ante el juez por sorpresa. Tras un largo interrogatorio que podría dar una vuelta de tuerca a la investigación, el ex director general de Juventud fue obligado a salir de los juzgados para realizar un registro en su casa. Se preveía que luego continuara el interrogatorio ante el juez.

Anoche se desconocía su situación procesal. Lo mismo sucedía con Maria Auxiliadora Pérez, la ex compañera sentimental del cabecilla de la trama, que empezó su declaración a las 21 de la noche, pese a pasar a disposición del juez a las nueve de la mañana. A ella y a su ex pareja se les imputa el delito de crear una sociedad tapadera para autoalquilarse un local por 54.000 euros anuales.

Según su abogada, Pérez pensaba admitir ante el juez que firmó documentos falsos aunque 'totalmente engañada' por su ex pareja. Por eso, dijo la letrada, esperaba que el magistrado decretara su libertad con cargos.