Tras las insistencias del Partido Popular, el Congreso de los Diputados volverá a votar el próximo martes una proposición no de ley presentada por la formación, que pide la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Sin embargo, el empeño de los populares por desacreditar al partido de la izquierda abertzale no queda ahí, ya que piensan que la citada medida 'sería vacía e insuficiente si no va acompañada de la disolución de las corporaciones donde gobierna'.

Se trata de la segunda vez que el Congreso debatirá esta propuesta, ya que todos los grupos parlamentarios, excepto el popular, la rechazaron en la primera votación efectuada en la primera sesión tras las elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra. En consecuencia, el Grupo Popular presentó la iniciativa en la primera semana de septiembre aunque, por falta de cupo, no pudo incluirla en el orden del día hasta el próximo martes 16 de octubre.

Para el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, la posibilidad de votar la propuesta de ilegalización en la cámara baja supone una 'excelente oportunidad' para 'rectificar' y darse cuenta 'del error' de que ANV pudiese presentarse a las pasadas elecciones.

Asimismo, desde su propio partido se reconoció que se trata de una circunstancia que se encuentra expresamente prevista por el ordenamiento jurídico, que faculta la disolución de las corporaciones locales que lleven a cabo actuaciones de apoyo al terrorismo.

En su propuesta y razonamiento, el PP recuerda algunas actuaciones de miembros de ANV antes y después de las pasadas elecciones de mayo, ya que en su opinión esas están incluidas entre las previstas en la Ley Orgánica de Partidos Políticos y porque 'la acumulación de indicios y pruebas comienza ya a ser más que evidente'. Así, en el texto los populares admiten que la ilegalización 'sería vacía e insuficiente si no va acompañada de la disolución de las corporaciones donde gobierna'.

Disolución de los ayuntamientos

Del mismo modo, exigieron al Gobierno que inicie el procedimiento previsto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para permitir el proceso de disolución en los ayuntamientos gobernados por ANV. En dicha ley, en el artículo 61 se estipula que la desarticulación sólo puede darse cuando la gestión realizada por la corporación haya resultado 'gravemente dañosa para los interesesgenerales que suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales'.

La proposición del PP concluye recordando 'que para lograr la derrota del terrorismo es imprescindible utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho' por lo que solicita la ilegalización de ANV amparándose en el artículo 11 de la Ley de Partidos Políticos.