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El PSOE demanda a Camps por financiación ilegal

Los socialistas llevan a los tribunales a la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana por su relación con la Gürtel

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Una compleja y sólida estructura de financiación irregular sostenida entre el PP valenciano (PPCV), la cúpula de la trama Gürtel y algunas de las constructoras valencianas de mayor renombre. Es lo que denuncia el PSPV-PSOE en una querella que presentó ayer en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV). Los informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales y los materiales incautados en pisos de la trama nutren el escrito, que describe un rosario de delitos: cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.

Ángel Luna, portavoz del PSPV en Les Corts, explicó el contenido de la querella en rueda de prensa. 'Se trata de una gigantesca trama de corrup-ción de carácter internacional', apostilló. Según Luna, el president de la Generalitat, Francisco Camps, estaría 'a la cabeza'. Le seguiría su número dos en el Consell, Vicent Rambla, encargado, según la querella, de 'controlar las adjudicaciones de la Administración pública valenciana a las empresas de Francisco Correa', cabecilla de la trama.

La querella incorpora a empresarios de la construcción

En el escrito aparecen miembros de la cúpula del PP valenciano como Ricardo Costa, ex número dos; David Serra, vicesecretario de Organización, y Yolanda García, tesorera. También, Salvadora Ibars, directora general de promoción institucional de la Generalitat Valenciana, y Pedro García, ex director general de Radio Televisión Valenciana. García, según apunta el escrito, encargó a Teconsa la sonorización del acto central de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La querella describe que Teconsa pertenecía a la Gürtel y generó por este evento una comisión de casi un millón de euros la trama.

La querella del PSPV también señala a la cúpula de la Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, que presidía Orange Market, la red valenciana de la trama. Tal y como denuncia la querella, esta empresa canalizó el dinero de cinco constructoras para financiar actos del PPCV entre los años 2005 y 2009. A cambio, el Gobierno valenciano premio con más de 1.000 millones de euros en adjudicaciones a estas constructoras.

El PP amenaza con destapar la corrupción en las filas del PSPV

La más beneficiada fue Sedesa, con 539.016.098 euros Su presidente, Vicente Cotino, es sobrino del vicepresidente tercero del Consell. El segundo lugar lo ocupa Enrique Ortiz e Hijos, administrada por Enrique Tomás Ortiz, que ingresó 205.249.738 euros. Le sigue el grupo Piaf, presidido por Antonio Pons, con 201.082.692 euros y LUBASA, de Luis Batalla, con 77.337.351 euros. Cierra la lista Enrique Gimeno, de FACSA, con 13.876.078 euros.

La inclusión de estos cinco empresarios fue uno de los asuntos más arduos a la hora de redactar esta querella anunciada hace semanas y que llega, según señaló Luna, 'tras diversas reuniones entre juristas de la Comunitat y de Madrid'. El portavoz socialista señaló que los empresarios 'no regalan el dinero, pero cuando se reciben presiones ilegales hay que saber soportarlas'.

El PP reaccionó en tromba contra la querella. Su portavoz parlamentario, Rafael Blasco, tildó a su homólogo socialista, Ángel Luna, y al líder del PSPV, Jorge Alarte, como 'canallas'. Y añadió que ambos dirigentes se sitúan en 'la desvergüenza política'. Por último, amenazó a los socialistas: 'Vamos a denunciar la corrupción que anida en el PSPV, en el que Luna tiene un oscura trayectoria'.