Las empresas que tengan limitados los derechos de voto de sus accionistas tendrán que eliminar estos blindajes. Así lo aprobó ayer la Comisión de Economía del Congreso en virtud de un pacto entre el PSOE y CiU que reforma la Ley de Sociedades Anónimas. Una buena noticia a medio plazo para las constructoras ACS y Sacyr Vallehermoso, las más afectadas ahora porque sólo pueden votar por el 10% en Iberdrola y en Repsol, respectivamente, a pesar de tener un 12% y un 20% del capital en cada caso.

La mala es que no entrará en vigor antes de mayo del próximo año, aunque en la práctica las dos empresas no podrían beneficiarse hasta 2012, ya que sus participadas celebran juntas de accionistas antes de ese mes. ACS, presidida por Florentino Pérez, logró designar un consejero en Iberdrola en la junta de hace dos semanas, hasta que el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, utilizó la táctica de agrupar votos delegados para que se le destituyera poco después. La constructora es el primer accionista de la eléctrica y no tiene ningún vocal en el consejo de administración.

El PSOE intentó que la enmienda antiblindajes que pactó con CiU entrara en vigor en enero próximo, lo que daría tiempo a ACS a poder designar consejero en la junta de Iberdrola de 2011. Pero no ha convencido a CiU y sin su apoyo no podía aprobar la enmienda. Esta va 'sin nombres y apellidos', insistió Marta Gastón, portavoz socialista de Economía, en respuesta, sobre todo, al PNV, que la ha llegado a bautizar como 'enmienda Florentino'. Mientras, Josep Sánchez Llibre, portavoz de CiU, enfatizó que el origen de la reforma es 'un pacto entre Duran i Lleida y Zapatero hace quince días', es 'sagrado' y se mantendrá en el Senado.

Previsiblemente, la enmienda volverá tal cual al Congreso, ya que ayer el PP dejó claro que no votará en contra. Como estaba previsto, se abstuvo, junto al Grupo Mixto. Si bien varios diputados conservadores explicaron ayer a los periodistas que el PP está a favor de que una acción valga un voto; es decir, la máxima que defienden el PSOE y CiU.

Lo más curioso fue la pirueta con la que sorprendió el PP al presentar una enmienda en el último minuto para reformar la ley de opas y que puede perjudicar a ACS, ya que redefine el concepto de posición de control que obliga a lanzar una oferta de compra. Además, plantea que el Ministerio de Industria pueda vetar a inversores no europeos que pretendan comprar más de un 25% de una empresa española.

El PNV y ERC-IU-ICV votaron en contra. El portavoz del grupo vasco, Pedro Azpiazu, dejó claro que su partido está con Iberdrola. La eléctrica paga impuestos a la Diputación Foral de Vizcaya, del PNV. Gaspar Llamazares, de IU, descalificó una 'enmienda parásito' que cumple 'intereses particulares'.