El Sindicato de Secretarios Judiciales difundió este viernes un comunicado en el que denuncia la privatización del Registro Civil acordada por el Consejo de Ministros de este viernes, que pasa a manos de los registradores mercantiles.

El SISEJ considera que los principales afectados por esta medida es la propia ciudadanía, 'tras más de un año de pública subasta por parte del Ministro de Justicia'. Además, anuncia que intentarán la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Tras la generalización de las tasas judiciales 'para impedir que los ciudadanos accedan a la justicia, utilizando como justificación que se abusa de la justicia, el Gobierno da una nueva estocada ahora en un aspecto tan sensible como la gestión del Registro Civil', destaca el SISEJ.

Este sindicato defiende que el Registro Civil afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos y consideran que es 'un primer paso para externalizar definitivamente este servicio público fundamental a otros operadores mercantiles'.

El SISEJ recuerda que el Registro Civil afecta directamente al derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española en aspectos como el nacimiento o la defunción. Pero también a la filiación, el nombre y apellidos, el sexo, el estado civil, la capacidad de las personas y la modificación de cualquiera de ellos.

Por ello resulta 'de extrema gravedad', contradiciendo la Ley 11/2011 del Registro Civil, fruto del consenso parlamentario, se pretenda 'sustraer de la administración pública' este registro entregándolo a los registradores mercantiles, 'que aún accediendo mediante una oposición a su cargo, funcionan dentro del tráfico mercantil más, y contratan, despiden y ordenan directrices a sus trabajadores como una empresa más que busca clientes para mejorar su cuenta de resultados'.

Denuncia además que el Ministerio de Justicia 'ha faltado al respeto y la consideración a los secretarios judiciales, tras reiteradas promesas de que asumiríamos esta competencia como establecía la Ley 20/2011. Queda claro que, en sintonía con una parte de nuestro colectivo que comparte su hoja de ruta, apuesta por el secretario judicial como un simple fedatario de las actuaciones judiciales, no como un verdadero impulsor de los procedimientos judiciales desde la dirección de los recursos personales'.

Junto a ello 'nadie puede creer que la privatización del Registro Civil no implicará costes a la ciudadanía para poder obtener certificaciones cuya necesidad imperativa queda fuera de toda duda'.

El SISEJ denuncia además, la técnica legislativa utilizada por el Gobierno, el Real Decreto Ley. Y recuerda que la Constitución prevé el recurso al decreto-ley en casos de 'extraordinaria y urgente necesidad'.

'El ministro Gallardón conoce desde el momento de su toma de posesión que la ‘vacatio legis' de la Ley del registro Civil de 2011 entraba en vigor en julio de 2014, y, como decíamos viene subastando entre distintos postores el Registro Civil desde hace más de un año'.

El SISEJ defiende que la gestión recaiga en los secretarios judiciales, al considerar que son los funcionarios mejor preparados para asumir 'un nuevo Registro Civil en manos de la Administración Pública con criterios de agilidad, eficiencia y uniformidad que modifique el actual sistema que permanece en la administración de justicia. Pero también hemos reiterado que lo más importante es que permanezca en manos públicas, atendiendo los derechos fundamentales a los que afecta, y el carácter gratuito que debe tener'.