Los sindicatos ven 'factible que el Gobierno participe económicamente' en la operación para crear una sociedad fiduciaria que dirija la nueva Opel en Europa, según fuentes de UGT. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se reúne hoy en Bruselas con sus homólogos de la UE para analizar la crisis de Opel y sus posibles soluciones.

El Gobierno alemán ha comprometido 1.500 millones, una cantidad que General Motors (GM) considera insuficiente. La matriz reclama 300 millones más, mientras que el Gobierno alemán está abierto a la participación del resto de países europeos con plantas de Opel. En España, los sindicatos españoles consideran necesaria la participación del Gobierno para lograr una buena posición en la sociedad que decidirá el inversor que adquirirá la división europea, con el fin de que la factoría de Figueruelas (Zaragoza), que emplea a 7.500 personas, no sufra los recortes previsibles que el nuevo propietario aplique en el grupo. A este respecto, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, aseguró que el Ejecutivo autonómico y el central están dispuestos a hacer 'un esfuerzo' en función de los compromisos que adquiera General Motors con el mantenimiento de los puestos de trabajo en Figueruelas

Al margen de la cumbre de los ministros de la UE, el maratón de negociaciones sobre el futuro de Opel se completa con una nueva reunión de GM con el Gobierno alemán, después de fracaso de la que tuvieron el miércoles. Casi al mismo tiempo, en EEUU, los aspirantes a quedarse con Opel se reúnen una vez más con GM para negociar sus respectivas ofertas. Los candidatos son la italiana Fiat y la austrocanadiense Magna, después de que el tercero, el estadounidense Ripplewood, se apartara de la carrera tras la fracasada reunión en Berlín.

Al tiempo, se despeja también el futuro de General Motors, al lograr el Tesoro de EEUU que gran parte de los acreedores acepten una suspensión de pagos pactada. La Administración estadounidense se compromete a comprar los activos del fabricante de coches del país, mientras los acreedores cambiarán sus deudas por un 10% del capital, con opciones a otro 15%.