La sombra de los supuestos déficit ocultos, que las nuevas comunidades gobernadas por el PP están denunciando, planeará sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra el próximo miércoles.

Un consejo que será intenso, en cualquier caso, si trata todos los asuntos pendientes: los planes de ajuste de seis comunidades que quedan por aprobar, la regla de gasto que quiere implantar el Ejecutivo para los presupuestos autonómicos y la distribución de 8.000 millones adicionales de la financiación autonómica de 2012, que deberán ir preferentemente a la sanidad.

La reunión se celebra en un momento de clara tensión entre el Ejecutivo y los nuevos gobiernos autonómicos del PP que, encabezados por el de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, aseguran tener mayores déficit públicos de los declarados por sus antecesores.

Repaso contable del que duda la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, para quien el Gobierno castellanomanchego está haciendo un "ruido injustificado".

Cospedal no es la única que dice haberse encontrado un déficit más elevado del esperado y facturas sin pagar que cifra en más de 2.600 millones de euros; a la denuncia se ha unido el presidente cántabro, Ignacio Diego, quien asegura haber descubierto un agujero de 440 millones de euros.

En este caso, se trata, según Diego, de compromisos adquiridos con Cantabria por parte del Estado que están pendientes de cumplir, y que pedirá en la reunión del miércoles.

Los consejeros de Economía de los gobiernos autonómicos populares han prometido acudir al consejo con una posición "muy reivindicativa", en la que denunciarán su "apremiante" problema de liquidez, y previsiblemente se reunirán antes para terminar de preparar su posición común.

Desde Castilla y León previsiblemente se pondrán sobre la mesa los 724 millones en litigio entre el Gobierno central y la autonomía, y que ésta demanda en concepto de la aplicación del modelo de financiación autonómica.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha insistido en que con esos 724 millones, que "son de los ciudadanos, de sus impuestos", se podrían "cubrir todos los problemas" que tiene la Comunidad.

En cuanto a la postura del PP en la reunión del miércoles, tampoco piensa este partido apoyar la regla de gasto que el Gobierno quiere implantar en la elaboración de los presupuestos autonómicos, por considerarla insuficiente.

Se trata de un tope máximo al aumento anual del gasto, que se calcularía teniendo en cuenta la evolución del PIB de los cinco años anteriores y las previsiones para los tres ejercicios siguientes, y que el Ejecutivo quiere trasladar a las autonomías tras decretarlo para los presupuestos estatales y de los ayuntamientos.

Está además pendiente la aprobación de los planes económico-financieros de seis comunidades autónomas, que no pueden endeudarse más hasta que el Consejo no les dé el visto bueno.

Siguen en esa situación Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Baleares.

No se esperan muchos problemas porque, en el último Consejo, Salgado ya avisó de que varios de estos planes pendientes necesitaban sólo algunos ajustes para su aprobación definitiva el miércoles.

En el caso de Baleares, para cerrar los flecos pendientes el presidente de esa comunidad, José Ramón Bauza, se reunirá la víspera con Salgado.

Frente a la tensión con los gobiernos populares, parece que los ánimos están más calmados en la relación con la Generalitat catalana que gobierna CiU, después de la reunión que mantuvieron recientemente la vicepresidenta y el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell.

Pese a que en su momento hubo diferencias, toda vez que Cataluña planteó superar el umbral de déficit establecido, Mas-Colell aseguró que el Presupuesto de la Generalitat para este año se ajustará a lo pactado, y lo mismo sucederá los próximos tres años.

La tercera gran cuestión que tratará el Gobierno con las comunidades será la del gasto sanitario.

En principio, las autonomías aceptan que una cuantía mayoritaria de los 8.000 millones de euros adicionales previstos para la financiación autonómica de 2012 se destine a la Sanidad.

De hecho, lo acordaron en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado jueves.

Pese al entendimiento en este apartado de la financiación autonómica, los populares piensan acudir a la reunión del miércoles con la intención de exigir al Ejecutivo el cumplimiento estricto del modelo para "no asfixiar a las comunidades".

Así lo ha advertido la Comunidad de Madrid, que también reclamará el diseño de un escenario macroeconómico "real" para el próximo año.