El Tribunal Supremo israelí dio hoy de plazo al Ejecutivo cuatro meses para formular un plan de evacuación de 18 viviendas en dos colonias judías de Cisjordania, cuya construcción no fue autorizada por las autoridades hebreas. La corte, encabezada por la jueza Dorit Beinisch, respondió así a una demanda interpuesta hace cuatro años por la organización israelí Paz Ahora (Shalom Ajshav) sobre la construcción ilegal de seis viviendas en el enclave de Hasha, al este del asentamiento de Talmón, y de otros doce edificios en la vecina colonia salvaje de Hayovel, al sur del asentamiento de Eli, ambas en Cisjordania.

Durante el proceso judicial, el Estado adujo que las autoridades ya entregaron órdenes de demolición a los habitantes de dichos enclaves, pero que esperaban poner en práctica la medida en virtud de un plan de acción, con fechas y mecanismos para hacer cumplir la ley. Pero en su dictamen, el Supremo israelí destaca la falta de plazos para llevar a cabo dicho procedimiento, 'como parte del deber básico de hacer cumplir la ley'.

'Han transcurrido cuatro años desde que la demanda fue interpuesta y la posición del Estado es coherente con las discusiones tempranas sobre que los edificios fueron construidos de manera ilegal, algunos de ellos en terrenos privados. Las órdenes de demolición fueron entregadas en 2005', dice el fallo del Supremo.

Con todo, el panel de jueces asegura que era 'comprensible' que el Estado prefiera evitar una evacuación forzosa y prefirió no ordenar la demolición inmediata de las estructuras 'porque sus inquilinos tienen sus propios argumentos y no se puede negar el derecho a una audiencia a todas las partes antes de la demolició'.

Por ello otorgó cuatro meses al Ejecutivo para que mantenga todas las audiencias y reuniones necesarias, 'antes de dar a conocer un dictamen final a la demanda'.

En Israel se consideran enclaves ilegales todos aquellos asentamientos, la mayoría rudimentarios, construidos sin la autorización del Gobierno tras marzo de 2001, fecha en la que Ariel Sharon asumió el cargo de primer ministro. Para los palestinos y la comunidad internacional todos los asentamientos construidos en territorio ocupado tras la Guerra de 1967 son ilegales, y suponen un serio obstáculo para la paz y la creación de un futuro Estado palestino.

En Cisjordania residen 280.000 colonos judíos repartidos en más de un centenar de enclaves ilegales, a los que se suman 132 asentamientos reconocidos por el Ministerio del Interior en Cisjordania y Jerusalén Este construidos desde 1967, año en que Israel ocupó los territorios palestinos.