El Gobierno colombiano separó a nueve oficiales y un suboficial de un batallón del nordeste del país implicados por omisión y falta de mando o de control en un número no conocido de ejecuciones extrajudiciales de civiles, informó hoy en Bogotá el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Santos precisó que los militares pertenecían o estuvieron destacados en el Batallón La Popa, una unidad del ejército con sede en Valledupar, la capital del Cesar, departamento fronterizo con Venezuela.

La separación de los efectivos se dio en "un proceso producto de investigaciones que nosotros mismos hemos venido adelantando", declaró el ministro en entrevistas con las cadenas bogotanas Caracol Radio y RCN.

"Esos oficiales no están señalados por nosotros como responsables de nada criminal; son casos de omisión, de falta de mando, de falta de doctrina, de falta de control, porque la parte penal (...) le corresponde a la fiscalía", aclaró.

El titular de Defensa sostuvo que la decisión adoptada forma parte de una política del Gobierno del presidente Álvaro Uribe y de los altos mandos de la fuerza pública contra los llamados "falsos positivos".

Así se denomina a los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos después como guerrilleros muertos en combate mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios, como días de descanso.

Este fenómeno se hizo más evidente a finales del año pasado con el hallazgo de los cadáveres de una veintena de jóvenes de Soacha, una populosa población vecina a Bogotá, que habían sido dados por desaparecidos.

Los cadáveres fueron encontrados en cementerios del nordeste del país, en los que se les registró como guerrilleros muertos en combate, caso que obligó al Gobierno a retirar a 27 militares de la región, incluidos algunos generales, y determinó la renuncia posterior del general Mario Montoya como comandante del Ejército.

"Hay una política clara y contundente por parte del Presidente y de los altos mandos de erradicar de raíz el problema de los llamados 'falsos positivos'", afirmó Santos, para quien estos casos han bajado "dramáticamente" y muchas de las denuncias se corresponden con acciones que no son recientes.

Respecto a esta nueva purga de oficiales, según el diario El Tiempo, la fiscalía en Valledupar ha abierto desde 2007 un total de 25 procesos judiciales por ejecuciones contra efectivos del Batallón la Popa y ha ordenado la detención de 30 militares, 16 de los cuales ya están presos.

Además, la entidad judicial arrestó en abril pasado a 15 efectivos de esa misma unidad implicados en el asesinato de dos campesinos que fueron presentados como rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El diario recuerda que el coronel Hernán Mejía, que ejerció como comandante de La Popa, fue detenido dentro de una causa por presuntos nexos con paramilitares, que asesinaron a 18 de sus compañeros y los dejaron en manos del oficial, que los hizo pasar por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) muertos en combate.