El Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidió ayer suspender la decisión del Gobierno de Canarias de desproteger parte de los sebadales del sur de Tenerife. Esta medida supone la paralización indefinida de las obras de construcción del puerto de Granadilla de Abona, al sur de la isla, por el 'daño irreversible al ecosistema marino' que el proyecto podría provocar a los sebadales que hay en la zona. La paralización se mantendrá hasta que se resuelva si el Gobierno insular descatalogó estos sebadales irregularmente para aprobar la obra.

'No imaginábamos que la Justicia se atreviera a ponerle freno a una infraestructura de este tamaño', dijo ayer el presidente de Ben MagecEcologistas en Acción, Fran Castro, entusiasmado con el auto judicial. Y añadió: 'Es el premio a la mayor movilización ciudadana de la historia de la isla'.

La isla de Tenerife está fracturada desde hace varios años en dos bloques: la ciudadanía, por un lado, frente a políticos y empresarios, partidarios de la construcción de un segundo puerto de trasbordo de mercancías en Granadilla de Abona. La construcción de esta infraestructura comenzó hace tres semanas y, según todos los informes científicos, supone una grave agresión contra una zona que exige una especial protección medioambiental. La Comisión Europea envió hace dos semanas un requerimiento a España por no haber reforzado la categoría de conservación de los sebadales. Según reconoce el propio tribunal, 'los sebadales (Cymodocea nodosa) son uno de los hábitat naturales más ricos en especies y de mayor productividad del medio marino de Canarias'.

El Gobierno de Canarias descatalogó, a principios de febrero, únicamente la parte de los sebadales del sur que frenaban el comienzo de las obras del Puerto de Granadilla (como muestra el gráfico). Y lo hizo irregularmente, según la denuncia de Ecologistas en Acción recogida por la fiscal delegada de Medio Ambiente en la provincia, que abrió una investigación sobre las supuestas ilegalidades cometidas en el procedimiento por parte de la Consejería de Medio Ambiente de Canarias. Su consejero, Domingo Berriel, modificó el informe del Servicio de Biodiversidad para justificar la descatalogación del sebadal e hizo desaparecer precisamente el párrafo en el que los técnicos aseguraban que 'no hay razones biológicas ni de conservación de la especie que justifiquen la descatalogación'.

'Como alcaldesa, estoy satisfecha con la decisión judicial; desde la perspectiva del partido, espero que no tenga consecuencias jurídicas negativas para el consejero Berriel', aseguró ayer a Público la alcaldesa de Granadilla de Abona, Carmen Nieves, de Coalición Canaria pero contraria a la construcción del puerto. Es una muestra más de que, desde que el Gobierno canario, formado en coalición por nacionalistas y el Partido Popular, anunciara en 2002 la construcción del puerto de Granadilla, esta historia se ha convertido en una sucesión de enredos políticos y judiciales, con los intereses empresariales como marejada de fondo.

Plan energético

Canarias se encuentra ahora en una difícil encrucijada: sin el puerto, se frenará el Plan Energético de Canarias, que contempla la llegada del gas natural a Tenerife y Gran Canaria. Las obras de construcción de la planta regasificadora ya están adjudicadas (por 490 millones de euros), pero sin un puerto que dé cobijo a los barcos que transportan el gas en estado líquido esa central será como un grifo sin tubería. La regasificadora se situaría junto a la central térmica de Granadilla (de Endesa), cuyas obras de adaptación al nuevo combustible también se han paralizado por irregularidades urbanísticas. Detrás de la planta de regasificación se encuentra Gascan, una sociedad empresarial creada en 1999 y participada por Endesa y un consorcio de empresarios locales.

El programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional contemplaba 50 millones de euros para la construcción de la regasificadora, y además financiaba la primera fase de las obras del puerto con alrededor de 100 millones de euros, siempre con la excusa de la saturación del principal puerto de la isla, el de Santa Cruz. Esta infraestructura, sin embargo, ronda el 50% de ocupación y, aun así, se encuentra inmerso en obras de ampliación financiadas también con fondos europeos.

'Hay un entramado de intereses empresariales que explican lo que está pasando', denuncia Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía Aplicada. 'No hay un solo argumento solvente a favor del puerto, carece de ninguna lógica económica', asegura. 'Se utiliza como argumento la creación de empleo en la isla, pero primero se anunciaron 20.000 puestos de trabajo, que ahora dejan en 600. Y según nuestros cálculos, no pasarían de seis docenas de empleos', calcula este profesor, premio Nacional de Economía y Medio Ambiente en 2004 y uno de los ciudadanos que ha encabezado la respuesta social desencadenada en la isla, que ha cogido en fuera de juego a los partidos políticos.

Fue la Comisión Europea quien aprobó el puerto en 2005, gracias al apoyo del Gobierno de Zapatero, siempre que se atuviera a la legalidad y se tomaran medidas para mitigar el daño medioambiental. Se acordó reducir sensiblemente el tamaño de la infraestructura, hasta en dos ocasiones, en un intento de minimizar su impacto negativo. Aun así, ayer mismo, investigadores del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid se sumaron a los biólogos locales en su petición a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que desestimen la obra y 'protejan uno de los rincones de mayor diversidad genética de Canarias'.