El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena esperó hasta el último día para rechazar las diligencias solicitadas por la defensa de Baltasar Garzón en el caso de los cobros de Nueva York. Consistían en varias declaraciones y una comisión rogatoria a Estados Unidos y fueron solicitadas el 19 de diciembre por el abogado del juez de la Audiencia Nacional en esta causa, Enrique Molina. Pero el juez no las rechazó hasta esteviernes, día en el que puso fin a la instrucción de la causa y concretó la imputación existente contra el magistrado en cohecho impropio, por haber supuestamente conseguido que importantes empresas españolas patrocinaran sus cursos valiéndose de su cargo.

Con estas diligencias, Garzón pretendía aclarar que sólo dispuso de una cuenta en Estados Unidos y que los patrocinios de los cursos que impartió fueron gestionados por la Universidad de Nueva York y no por él. El rechazo, alega, le genera indefensión.

La defensa pedía una comisión rogatoria a EEUU para indagar los patrocinios

En su auto, conocido este lunes, Marchena vuelve a ser muy crítico con el centro universitario en el que Baltasar Garzón impartió cursos entre 2005 y 2006 y con el propio imputado. Rechaza el testimonio del director de una sucursal bancaria, solicitada por la defensa para aclarar que el juez sólo dispuso de una cuenta en Estados Unidos, diciendo que 'la liquidación' de impuestos 'se efectuó con los datos ofrecidos por el propio Garzón, no con los que su asesor fiscal pudo indagar por cuenta propia'.

Además, insiste en la 'confusión' alegada por los peritos de la Guardia Civil que investigaron las cuentas de Garzón en relación con el cheque que le ingresó el Instituto Cervantes por una conferencia, pero se limita a decir que tendrá que 'ser indagado'.

Considera que 'carece de sentido' cursar otra comisión rogatoria a Estados Unidos para solicitar detalles del patrocinio de los cursos realizado por BBVA, Endesa, Telefónica y Cepsa, como se hizo en su día con el del Banco Santander, porque sostiene que ninguna de esta entidades 'solicitó un expediente justificativo de la aplicación de los fondos' proporcionados, y cualquier justificación se realizaría 'a posteriori' y sin excluir 'desfases'.

Las acusaciones dicen ahora que el juez pudo cometer un delito de extorsión

En el auto de transformación del procedimiento destacaba que esa fue la fórmula con la que la universidad explicaba la diferencia entre los 160.333 dólares que Garzón dijo haber recibido y lo que el propio centro declaró (28.181 euros menos).

Pese a no concederle ninguna credibilidad cuando así lo ha hecho (su escrito de petición de pruebas incluía el desglose de sus ingresos con diversos resguardos bancarios), Marchena recrimina al juez que no aporte él mismo la documentación que considere importante para su defensa: 'No se ha constatado obstáculo real para que el querellado pueda obtener por sí esos documentos', señala la resolución.

Por su parte, los abogados querellantes, José Luis Mazón y Antonio Panea, hicieron público un comunicado en el que anuncian, como adelantó el sábado este diario, que recurrirán el auto de Marchena que aprecia indicios de cohecho en la actuación de Garzón. Entienden que su conducta podría ser constitutiva de un delito continuado de extorsión, castigado con pena de cárcel.

La querella que dio origen al procedimiento acusaba al juez de prevaricación, pero el juez Marchena no menciona este delito en su resolución. Los letrados acusan a Garzón de colocarse 'en una postura insostenible, al negar la evidencia' de que 'solicitó 2.595.375 dólares' a 'potenciales clientes de la Audiencia Nacional', de los que 'obtuvo por sus gestiones 1.273.000' dólares.

'Garzón era consciente de la presión psicológica que ejercía para recaudar fondos que ninguna universidad hubiera obtenido de las mismas empresas' de no ser él el solicitante, aseguran Panea y Mazón.

Hoy se sabrá si la Sala Segunda del Alto Tribunal estima las alegaciones de la defensa y anula el juicio de los crímenes del franquismo. En caso contrario, Baltasar Garzón será el primero en declarar.